El acceso al agua potable y al saneamiento en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires quedó alcanzado por una protección judicial que impide modificar el esquema operativo de AySA, en un contexto marcado por su proceso de reestructuración y eventual privatización.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, que hizo lugar a una cautelar de no innovar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La resolución frena cualquier intento de reducir inversiones, postergar obras o flexibilizar los controles de calidad del servicio.
El alcance del fallo impacta directamente sobre la operatoria de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que deberá abstenerse de alterar compromisos vinculados a infraestructura y prestación del servicio en la región alcanzada.
La intervención judicial se activó a partir de una acción preventiva impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Guido Lorenzino, que advirtió sobre el riesgo de deterioro en servicios esenciales ante los cambios estructurales en la empresa.
En su presentación, el organismo sostuvo la necesidad de evitar que el proceso de reestructuración derive en un impacto negativo sobre la continuidad de obras planificadas o en una degradación del servicio de agua potable y saneamiento ambiental.
El planteo también incluyó la preocupación por la preservación del recurso hídrico y los posibles efectos ambientales asociados a escenarios de desregulación del sistema.
El fallo se inscribe en un escenario de redefinición del esquema de la empresa. En mayo de 2026, tras la firma de un nuevo marco contractual, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a licitación pública para la venta del 90% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico.
En ese contexto, la Defensoría había advertido que el rediseño del sistema podría implicar una reducción de exigencias regulatorias y el diferimiento de compromisos previamente asumidos por la prestataria, lo que motivó la intervención judicial preventiva.
