La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, a pocos días de su entrada en vigencia a nivel nacional. La medida cautelar fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, quien puso el foco en la falta de infraestructura y recursos materiales para afrontar el impacto que tendría el nuevo sistema.
La resolución fue adoptada por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio “de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.
El planteo judicial se produjo ante el cambio que establece la Ley N° 27.801, que modifica el régimen penal juvenil y permite procesar por delitos contemplados en el Código Penal a adolescentes desde los 14 años. Hasta ahora, la edad de imputabilidad estaba fijada en los 16 años.
La preocupación por el ingreso de más adolescentes al sistema
Para la jueza Pascual, la aplicación de la nueva legislación puede generar un incremento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas. Ese aumento estaría dado tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia dentro del sistema de encierro.
El principal cuestionamiento de la resolución apunta a la capacidad de la provincia para absorber ese escenario.
La magistrada planteó si Buenos Aires cuenta actualmente con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a esta población y garantizar los estándares vinculados con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Una suspensión preventiva por 60 días
La medida tiene carácter preventivo y establece un plazo de 60 días para suspender la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense.
El eje de la decisión judicial no está puesto únicamente en el cambio de la edad de imputabilidad, sino en las condiciones concretas que tendría el Estado provincial para aplicar el nuevo sistema ante el eventual aumento de adolescentes sometidos a procesos penales.
La jueza Pascual consideró especialmente la disponibilidad de infraestructura y recursos materiales frente a las nuevas obligaciones que plantea la legislación.
