La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, de Lomas de Zamora, tras advertir que la provincia no tendría infraestructura ni recursos suficientes para afrontar el aumento de menores que ingresarían al sistema penal.
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Tras una ola de denuncias en Moreno y General Rodríguez, la fiscalía identificó a menores, realizó allanamientos y busca que las familias afronten los costos de los operativos.