El Gobierno nacional presentó este martes el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que será enviada al Congreso Nacional con el objetivo de ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherir al régimen destinado a formalizar los denominados "dólares del colchón" e incorporarlos al sistema financiero.
La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, quienes explicaron que el texto incorpora modificaciones surgidas del intercambio con contadores y especialistas tributarios tras la aprobación de la norma original en diciembre pasado.
Durante el anuncio, Caputo confirmó que el proyecto será remitido al Parlamento este miércoles y sostuvo que el país necesita que esos ahorros ingresen al circuito económico.
"Hay más de cuatro veces la cantidad de depósitos en dólares metidos en el colchón. Hay US$170.000 millones", afirmó el ministro, al citar estimaciones del Banco Central.
El titular del Palacio de Hacienda consideró que mantener esos fondos fuera del sistema financiero representa un costo para la economía.
"Tampoco nos sirve como país que estén debajo del colchón. Necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más", señaló.
Además, sostuvo que conservar los dólares fuera del sistema bancario "es muy mal negocio" porque, según indicó, "pierden valor, aunque la gente no lo crea".
Caputo explicó que la intención oficial es que esos recursos puedan transformarse en inversión y financiamiento para fortalecer la actividad económica.
"Necesitamos que se vuelquen al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, genere mayores recursos y un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos", expresó.
También remarcó que el espíritu del régimen permanece sin cambios.
"El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad", sostuvo.
Por su parte, María Ibarzabal Murphy explicó que las modificaciones incorporadas buscan fortalecer el marco legal del régimen.
"Apuntan a robustecer la seguridad jurídica del régimen y brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar", indicó.
Qué cambios incorpora el nuevo proyecto
Entre las principales modificaciones anunciadas figura la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, que quedará abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas.
Los contribuyentes incluidos como Grandes Contribuyentes también podrán utilizar la modalidad simplificada para la determinación y pago del impuesto, aunque no accederán a los beneficios especiales previstos por la ley.
Otra modificación redefine cuándo se considera una discrepancia significativa entre la información declarada y la detectada por ARCA. El nuevo texto establece parámetros vinculados al impuesto determinado y fija además un umbral económico mínimo equivalente al 5% del monto de evasión previsto —actualmente de 5 millones de pesos— para que el contribuyente pueda ser excluido del régimen.
El proyecto también invierte la carga de la prueba en favor del contribuyente. Para sostener una discrepancia, ARCA deberá fundamentarla con información declarada, datos propios o información de terceros, sin recurrir a presunciones.
A su vez, se incorpora la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa y regularizar la diferencia dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, evitando así la pérdida de los beneficios del régimen.
Finalmente, el texto establece que, si un contribuyente realiza un pago para mantener su adhesión y posteriormente una resolución firme revoca la impugnación realizada por ARCA, el organismo deberá restituir los importes abonados junto con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles.
