La investigación sobre una presunta organización dedicada a reclutar argentinos para participar en el conflicto entre Ucrania y Rusia sumó un nuevo capítulo con la emisión de una Alerta Morada de Interpol y la detención de una mujer en Tigre, acusada de integrar la estructura que captaba personas mediante falsas ofertas laborales.
El procedimiento fue realizado durante el fin de semana por la Policía Federal Argentina (PFA) en esa localidad bonaerense, donde fue arrestada una ex integrante de la Policía Bonaerense. En tanto, los investigadores continúan buscando a su pareja, quien habría abandonado el país con destino a Brasil pocos días antes del operativo.
La causa se inició en marzo de este año cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron irregularidades durante los controles a cuatro hombres que se encontraban en el área de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Ucrania.
Los pasajeros no pudieron explicar quién había adquirido sus pasajes, quién los recibiría en Europa ni cuál sería la tarea que desarrollarían. Tampoco contaban con boletos de regreso ni con recursos económicos suficientes para sostener su permanencia en el exterior.
Cómo operaba la organización
La investigación permitió reconstruir que los cuatro hombres habían sido contactados a través de plataformas digitales con la promesa de incorporarse a las fuerzas ucranianas por un salario cercano a los 3.000 dólares mensuales, aunque nunca llegaron a firmar el contrato que establecía esas condiciones.
Según la pesquisa, la organización captaba civiles, entre ellos ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad, mediante publicaciones en redes sociales que ofrecían incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años.
Las condiciones laborales eran mantenidas en reserva bajo el argumento de cuestiones de seguridad. A los postulantes se les entregaba documentación redactada en idioma ucraniano y se les indicaba qué versión debían brindar ante autoridades aeroportuarias o compañías aéreas si eran consultados sobre el motivo del viaje.
La causa investiga si ese mecanismo constituía una maniobra de trata de personas con fines de explotación laboral.
La investigación judicial
A pedido de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal general Sergio Néstor Mola, junto con la PROTEX, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, ordenó el allanamiento y la detención de la sospechosa.
La mujer será indagada por el presunto delito de trata de personas, mientras los investigadores analizan el material secuestrado durante el procedimiento para determinar el alcance de la organización.
La Alerta Morada de Interpol
En abril, los fiscales comunicaron el caso a la REDTRAM, al advertir posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia zonas cercanas al conflicto bélico.
De acuerdo con los investigadores, existían indicios de una estructura transnacional integrada por reclutadores locales que seleccionaban perfiles, organizaban grupos y gestionaban pasajes de solo ida hacia países limítrofes con Ucrania.
Las autoridades señalaron que el mecanismo incluía ofertas laborales engañosas, promesas de remuneración, cobertura de gastos de viaje e incumplimiento de las condiciones prometidas. En ese contexto, las maniobras "podrían configurar supuestos de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre, especialmente bajo esquemas de endeudamiento o coerción en contexto de conflicto armado".
Como parte de esa investigación, en julio de 2026 Interpol emitió una Notificación Morada, destinada a compartir información internacional sobre modalidades delictivas, métodos de actuación y formas de ocultamiento utilizadas por organizaciones criminales.
La alerta permitió que el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, en Colombia, detectara un patrón similar de captación de jóvenes mediante falsas propuestas laborales para trasladarlos hacia zonas de guerra en Europa.
Según la información incorporada a la investigación, una vez en destino las presuntas víctimas eran sometidas al control mediante la retención de documentación personal, aislamiento y generación de deudas ficticias, obligándolas a participar en acciones de combate. Cualquier intento de abandonar esa situación habría sido respondido con coerción, amenazas e intimidaciones, en un esquema que las autoridades investigan como una posible red criminal de explotación laboral transnacional.
