La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que se declare la inconstitucionalidad del traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de colegios privados al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS).
La medida cuestionada fue incorporada en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 bonaerense y establece que esos trabajadores dejen de realizar aportes al sistema nacional administrado por ANSES para pasar al régimen previsional provincial.
Desde la entidad sostienen que el problema no pasa por el cumplimiento de las obligaciones previsionales, sino por la falta de un marco jurídico claro que determine cuál es el régimen aplicable y evite que las instituciones educativas queden expuestas a reclamos de distintos organismos.
"El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES", afirmó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Más de 50.000 trabajadores alcanzados
Según estimaciones del sector, la modificación podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, entre personal auxiliar, no docente y docentes que desarrollan actividades extraprogramáticas en establecimientos educativos de gestión privada.
Hasta ahora, esos empleados realizan sus aportes al sistema nacional. Con la nueva normativa, pasarían a integrar el régimen previsional del IPS.
Los argumentos de la entidad
AIEPA sostuvo que el cambio fue dispuesto sin una instancia suficiente de diálogo con el sector y sin un esquema administrativo que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas.
Entre las principales preocupaciones, la entidad advirtió que el nuevo esquema podría incrementar los costos laborales para las escuelas privadas, especialmente por la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos incorporados a la enseñanza oficial.
También señaló que el aporte personal exigido por el sistema provincial es superior al del régimen nacional, por lo que la modificación podría impactar sobre el ingreso de bolsillo de los trabajadores.
A ello se suma una preocupación previsional. Según explicó la asociación, muchos empleados desarrollaron gran parte de su carrera dentro del sistema nacional y, aunque comiencen a aportar al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para acceder a una jubilación provincial. En ese caso, terminarían jubilándose a través de ANSES, pese a haber realizado durante años aportes al régimen bonaerense.
Riesgo de superposición de obligaciones
Uno de los principales planteos de la demanda apunta a la coexistencia de normas nacionales y provinciales.
Según AIEPA, mientras no exista una disposición nacional que libere expresamente a las instituciones educativas de seguir aportando al régimen administrado por ANSES, los establecimientos podrían quedar expuestos a reclamos por supuestas deudas de organismos como ANSES, ARCA u otras dependencias competentes si dejan de realizar esos aportes.
Por ese motivo, la entidad solicitó a la Suprema Corte bonaerense que declare la inconstitucionalidad de la normativa provincial y adopte medidas que brinden seguridad jurídica a las escuelas privadas.
Presentaciones ante DIEGEP y respaldo de la Nación
Además de la acción judicial, AIEPA informó que presentó distintas actuaciones ante organismos provinciales. Entre ellas, comunicó formalmente su postura a la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) y pidió que, mientras no exista una definición normativa o judicial, no se exija a las instituciones denunciar ni incorporar al personal extraprogramático dentro de la planta funcional.
La controversia también llegó al máximo tribunal del país. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, promovió una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad de la normativa provincial y se dicte una medida cautelar que suspenda su aplicación.
Para la asociación, esa presentación refuerza la postura que sostiene desde el inicio del conflicto, al considerar que la discusión involucra competencias nacionales, el funcionamiento del sistema previsional y la administración de los recursos de la seguridad social.
"La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado", señalaron desde la entidad.
Finalmente, AIEPA reiteró que las escuelas privadas no pretenden dejar de cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales, sino contar con una definición clara y coordinada entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires antes de implementar el cambio de régimen para miles de trabajadores.
