El Gobierno bonaerense envió al Senado provincial un proyecto de ley para crear un marco regulatorio del trabajo mediante plataformas digitales. La propuesta alcanza tanto a las aplicaciones de reparto como Rappi y PedidosYa, como a las de transporte de pasajeros, entre ellas Uber, Didi y Cabify, e incorpora nuevas exigencias para las empresas junto con un esquema de protección para quienes desarrollan tareas a través de estas plataformas.
La iniciativa forma parte del paquete legislativo anunciado por Axel Kicillof al inaugurar el período de sesiones ordinarias y llegó a la Cámara alta junto con otros proyectos vinculados al sistema sanitario provincial. Su tratamiento reabre un debate que el oficialismo no logró resolver en 2023, cuando una propuesta similar terminó frenada tras cuestionamientos de trabajadores, empresas y sectores de la oposición.
El proyecto cambia el eje de la regulación
A diferencia del antecedente impulsado por el entonces senador Omar Plaini, que se apoyaba principalmente en un registro obligatorio para repartidores y choferes, el nuevo texto pone el foco en las responsabilidades de las plataformas digitales.
La iniciativa crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, destinado a desarrollar acciones de asistencia, protección e información para quienes realizan tareas organizadas o intermediadas por aplicaciones. Además, evita definir de manera taxativa el vínculo laboral y comprende a todas las personas que trabajen bajo cualquier modalidad jurídica dentro del territorio bonaerense.
También incorpora una definición amplia de "plataforma de trabajo", incluyendo cualquier sistema digital o automatizado que organice, facilite o dirija la prestación de servicios mediante intervención humana.
Registro obligatorio para empresas y una aplicación para trabajadores
Uno de los principales cambios es la creación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, que dependerá del Ministerio de Trabajo bonaerense.
Mientras que la inscripción será obligatoria para las empresas, los trabajadores podrán registrarse a través de una aplicación móvil que desarrollará la Provincia.
Según el proyecto, esa herramienta permitirá acceder a servicios de emergencia, seguridad y otros beneficios relacionados con la actividad. El Gobierno fundamenta su implementación en la necesidad de ofrecer respuestas frente a accidentes de tránsito, hechos de inseguridad y otras situaciones de riesgo que enfrentan repartidores y conductores durante sus jornadas laborales.
Información que deberán entregar las plataformas
Otro de los capítulos centrales incorpora obligaciones de transparencia para las empresas.
Las plataformas deberán suministrar información sobre la cantidad de trabajadores activos, la modalidad contractual utilizada, las condiciones generales de prestación, el promedio de horas trabajadas, la duración de las tareas y los ingresos medios.
El objetivo es brindar al Estado herramientas para supervisar el funcionamiento del sector y acceder a información vinculada con la organización algorítmica del trabajo, un aspecto que Kicillof ya había mencionado durante la apertura de sesiones legislativas.
Seguros obligatorios durante toda la jornada
El proyecto también establece que las empresas deberán contratar, a su exclusivo costo, un seguro de accidentes personales para quienes realicen tareas de reparto, retiro, traslado, entrega de mercaderías o transporte de pasajeros.
La cobertura deberá incluir, como mínimo:
- muerte accidental;
- invalidez permanente total o parcial;
- asistencia médica y farmacéutica de urgencia.
El seguro regirá desde la conexión del trabajador a la aplicación hasta su desconexión e incluirá los traslados hacia depósitos, centros operativos, paradores habilitados y también el recorrido entre el domicilio y el inicio de la jornada laboral. La protección se extenderá además a los desplazamientos entre distintas plataformas cuando una persona trabaje simultáneamente para más de una empresa.
Control sobre las "tiendas invisibles"
La iniciativa incorpora un capítulo específico para los establecimientos conocidos como "tiendas invisibles" o dark stores, utilizados por aplicaciones de delivery para almacenar, preparar y despachar pedidos sin atención al público.
El Ministerio de Trabajo tendrá la responsabilidad de relevar estos espacios para identificar desde dónde operan los repartidores y verificar las condiciones de seguridad existentes.
Paradores para repartidores
El proyecto contempla además la instalación de paradores públicos destinados a garantizar condiciones básicas de descanso durante la jornada laboral.
Estos espacios deberán ofrecer higiene, agua potable y lugares de estacionamiento para bicicletas y motocicletas, mediante un esquema de coordinación entre la Provincia, los municipios y las empresas del sector.
Su implementación dependerá de la adhesión de cada uno de los 135 municipios bonaerenses y de la capacidad local para habilitar espacios destinados a los trabajadores.
Sanciones para las empresas
La iniciativa establece que el incumplimiento de las obligaciones previstas constituirá una infracción a la normativa laboral provincial.
Cuando las irregularidades impliquen un riesgo inminente para la salud o la seguridad de los trabajadores, las sanciones podrán agravarse. La fiscalización quedará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa.
Un debate que vuelve al Senado tras el fracaso de 2023
El nuevo proyecto retoma una discusión que había quedado inconclusa luego del tratamiento del expediente impulsado por Omar Plaini, que obtuvo media sanción en el Senado en 2022, pero nunca prosperó en Diputados.
Durante 2023, repartidores de aplicaciones realizaron protestas frente a la Legislatura bonaerense al considerar que aquella iniciativa imponía restricciones para desarrollar la actividad. Las críticas de empresas y sectores opositores, sumadas a diferencias dentro del propio oficialismo, terminaron congelando el tratamiento.
Con esta nueva propuesta, el Ejecutivo provincial busca evitar ese foco de conflicto al priorizar obligaciones para las empresas y un esquema de protección para los trabajadores antes que un régimen de habilitación obligatorio.
El proyecto llega además en un escenario nacional marcado por políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, lo que anticipa un nuevo debate sobre el alcance de la regulación laboral de las plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.
