El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició una actuación de oficio contra Mercado Libre tras detectar la inclusión de cláusulas presuntamente abusivas en sus contratos de adhesión. Según informó el Ministerio de Producción, a cargo de Augusto Costa, la empresa tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar un descargo o proponer un plan de adecuación de sus términos y condiciones; de lo contrario, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.
La fiscalización, realizada por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, alcanzó a las condiciones generales de uso del ecosistema de la plataforma, así como a los términos de préstamos personales y servicios de Mercado Pago. El organismo detalló que se identificaron más de diez cláusulas que infringirían la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, al generar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.
Entre los aspectos observados por la cartera bonaerense se encuentran la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales y la fijación de jurisdicciones exclusivas en perjuicio de los usuarios. Asimismo, el informe técnico señaló irregularidades en relación con la responsabilidad por fallas técnicas, débitos sobre cuentas de terceros y la exención anticipada de responsabilidad de la empresa.
“La fiscalización provincial fue iniciada de oficio, independientemente de la eventual existencia de denuncias individuales. En ese sentido, vale mencionar que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia: 2.396 denuncias individuales sólo en los primeros cuatro meses del año”, apuntó el comunicado oficial.
Esta medida se suma a otros antecedentes en los que la compañía ha sido cuestionada. Cabe recordar que, en el ámbito nacional, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) mantiene abierto un sumario contra la fintech tras denuncias presentadas por la billetera virtual Modo. En dicha instancia, se investigan presuntas conductas anticompetitivas, como la negativa a permitir el uso de otros medios de pago o la exigencia de abrir cuentas exclusivas en Mercado Pago para operar en su marketplace.
Por su parte, desde la empresa han rechazado tales acusaciones en el pasado, argumentando en presentaciones judiciales que iniciativas como las de sus competidores bancarios podrían constituir prácticas coordinadas para limitar el avance del sector fintech en el mercado financiero.
