El Gobierno bonaerense inició investigaciones contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por denuncias de incumplimientos, acoso y hostigamiento.
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó las sanciones impuestas por la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro a una entidad bancaria, tras determinar que no brindó respuestas suficientes a una clienta víctima de un fraude y que incumplió con audiencias de conciliación.
Una vecina de Boulogne había quedado vinculada a tres contratos de planes de ahorro para una misma camioneta. Tras cuatro audiencias coordinadas por Defensa del Consumidor de San Isidro, las empresas acordaron devolverle $19 millones.
El Ministerio de Producción bonaerense detectó irregularidades en los términos y condiciones de la plataforma. La empresa tiene cinco días hábiles para presentar un descargo.
Un reclamo iniciado por una madre en San Isidro derivó en la intervención de Defensa del Consumidor y un acuerdo que obligó a una prepaga a restituir la cobertura total de terapias para un niño con TEA, tras meses de recortes en las prestaciones.
El hombre, de Villa Adelina, había detectado transferencias que no realizó. La intervención de Defensa del Consumidor fue clave para recuperar el dinero.
La Secretaría de Industria imputó a 94 empresas en 14 provincias por incluir cargos municipales en sus facturas, infringiendo la Resolución 267/24. La medida podría derivar en multas de hasta $2.130 millones.
La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 95 empresas por incluir cargos ajenos a los servicios en las facturas. Las sanciones, que podrían superar los $2.000 millones, se aplicarán a nivel nacional y afectan a empresas de Buenos Aires y otras 17 provincias.
La Resolución 267/2024 establece que las facturas de servicios esenciales como luz y gas solo podrán detallar el costo del servicio, prohibiendo la inclusión de impuestos y tasas locales. La medida busca proteger a los consumidores y garantizar transparencia.
El Municipio de San Isidro toma acciones cautelares para detener los incrementos de las empresas de medicina prepaga y asegurar el cumplimiento de los contratos, brindando apoyo a los consumidores.