El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires cerraron un acuerdo clave para destrabar el conflicto financiero por la Coparticipación Federal de Impuestos. A través de este entendimiento, el Ministerio de Economía de la Nación cancelará la deuda total acumulada durante el último año con la administración porteña, normalizando el flujo de recursos hacia el distrito.
La resolución del conflicto se alcanzó luego de una serie de negociaciones políticas y técnicas. El mecanismo elegido para saldar los fondos adeudados consistirá en la transferencia de una cartera de bonos públicos emitidos por el Gobierno nacional, los cuales cuentan con un plazo de vencimiento fijado a siete meses.
Este nuevo pacto surge para solucionar las deudas acumuladas desde julio pasado, momento en el que los pagos correspondientes al coeficiente del 1,55% —reconocido a la Ciudad— comenzaron a ralentizarse y generar demoras consecutivas. El cumplimiento y la regularización de estos montos ya habían sido previstos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los cálculos del Presupuesto 2026.
Desde el punto de vista político, las autoridades aclararon que este acuerdo de ingeniería financiera se limita estrictamente a los saldos pendientes del último año. Por lo tanto, queda completamente excluida de este entendimiento la deuda histórica generada durante el mandato presidencial de Alberto Fernández.
El origen de la disputa técnica se remonta a la pandemia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional recortó mediante el Decreto 735/2020 los fondos de la Ciudad, reduciéndolos del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, la Ley 27.606 profundizó la quita al establecer un coeficiente básico del 1,40% sumado a un monto fijo destinado al área de Seguridad.
Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar a fines de 2022 que elevaba el coeficiente reconocido a un 2,95% total (agregando el 1,55% en disputa). Aunque la gestión anterior no acató la medida, en septiembre de 2024 la actual administración nacional y el gobierno porteño consensuaron activar el pago de ese 1,55% diferencial.
En aquel compromiso de 2024, la Ciudad aceptó flexibilizar el método dispuesto por el máximo tribunal —que exigía goteos diarios automáticos mediante el Banco Nación— y avaló recibir transferencias semanales directas desde el Tesoro nacional, esquema que finalmente entró en cortocircuito a mediados del año pasado.
Pese a la firma del acta actual con los títulos públicos a siete meses, las cuentas fiscales entre ambas jurisdicciones aún no están saldadas de forma definitiva. Desde la sede gubernamental de la Ciudad confirman que se mantiene firme el reclamo judicial y político por la devolución de los 6.000 millones de dólares acumulados desde el recorte inicial del año 2020.
