El Gobierno nacional aprobó el presupuesto 2026 de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), que prevé un superávit financiero de $4.886 millones, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 495/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y el aval de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
El plan presupuestario estima una fuerte actividad operativa, con ingresos y gastos que muestran un resultado positivo en la explotación de la compañía.
Números del presupuesto 2026 de AySA
La proyección oficial indica que los ingresos de operación ascienden a $1.633.641 millones, mientras que los gastos operativos alcanzan $1.174.898 millones, lo que genera una ganancia de explotación estimada en $458.743 millones.
En paralelo, el presupuesto establece ingresos corrientes por el mismo monto de $1.633.641 millones y gastos corrientes por $1.370.588 millones, con un ahorro de $263.052 millones.
En materia de capital, los recursos previstos son de $102.273 millones, mientras que las erogaciones ascienden a $360.440 millones.
Resultado financiero y contexto de privatización
Según los cálculos oficiales, el resultado financiero proyectado para el ejercicio 2026 será superavitario en $4.886 millones.
La aprobación se enmarca en lo dispuesto por la Ley 24.156, que regula el régimen presupuestario de las empresas públicas, y se da en paralelo al proceso de privatización que el Ejecutivo busca concretar antes de mitad de año.
Evolución reciente de AySA
Durante 2025, AySA registró un superávit económico neto de $237.000 millones, con el que logró revertir casi dos décadas de déficit.
Además, la compañía redujo su deuda en un 85% y disminuyó su planta de personal en un 22,1%, según los datos oficiales.
Qué es AySA
AySA es la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Fue creada en 2006 mediante el Decreto 304/2006 y ratificada por la Ley 26.100. Actualmente, el Estado Nacional posee el 90% del capital social, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados a través del Programa de Participación Accionaria (PPA).
El Gobierno nacional busca avanzar con la venta total del paquete accionario.
