El exintendente de Tigre, Sergio Massa, declaró este miércoles como testigo ante el Tribunal Oral Federal N° 5 en el marco del juicio por la causa “Sueños Compartidos”. Durante su testimonio en Comodoro Py, el dirigente confirmó que la gestión municipal debió intervenir y aportar financiamiento propio para completar los proyectos de viviendas sociales en el distrito, debido a los incumplimientos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La declaración se centró en la ejecución de viviendas en los barrios Cina Cina, San Pablo y Villa Garrote, zonas clave de la periferia de Tigre donde miles de familias buscaban acceder a una vivienda digna. Según Massa, aunque el programa permitió que muchos vecinos pasaran de "vivir en casas de chapa a tener un departamento", la relación administrativa con la fundación que conducían los hermanos Schoklender terminó en conflicto por la falta de avances.
Irregularidades y desfasaje financiero
Uno de los puntos más críticos de la audiencia fue la exhibición de un informe de 2011 elaborado por la entonces secretaria de Políticas Sanitarias, Malena Galmarini. El documento reveló que, a pesar de haberse emitido 26 certificados de pago, las obras en Tigre apenas registraban un avance del 33,74%.
Ante esta evidencia, Sergio Massa reconoció ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg que "hubo incumplimientos" por parte de la Fundación. "A partir de eso fue que el Municipio decidió continuar las obras con financiamiento propio", explicó el testigo, deslindando la responsabilidad del avance final de los trabajos de la estructura nacional que manejaba el exministro Julio De Vido.
Impacto en los barrios de Tigre
Massa recordó que el proyecto original contemplaba la demolición de asentamientos precarios para que los mismos vecinos construyeran sus nuevas casas. En el caso del barrio Cina Cina, la construcción se realizó desde cero, mientras que en San Pablo y Villa Garrote se trataba de procesos de reurbanización.
El exjefe comunal también mencionó que su relación con el Gobierno Nacional se volvió "muy tensa" después de 2009, lo que dificultó la coordinación del programa. Asimismo, admitió haber mantenido dos reuniones con Sergio y Pablo Schoklender: una de presentación y otra motivada por "complicaciones" administrativas que los hoy acusados habían tenido con el área de Desarrollo Humano local.
El estado de la causa
El juicio investiga el presunto desvío de más de 206 millones de pesos (un 23% del presupuesto total) que debían destinarse a viviendas sociales en todo el país. Entre los imputados figuran Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender, bajo el cargo de administración fraudulenta. La semana pasada, por este mismo proceso, también prestó declaración el expresidente Mauricio Macri.
