El Municipio de Tigre cerró el período 2025 con resultados destacados en materia de seguridad pública, consolidando un esquema de prevención y respuesta basado en la inversión tecnológica, el monitoreo permanente y la participación vecinal.
Uno de los indicadores más relevantes del último año fue la tasa de homicidios en ocasión de robo, que se ubicó en el 0%. A este dato se suma una reducción general de hechos delictivos en el distrito, incluyendo robos, hurtos y entraderas, según los registros oficiales de la Secretaría de Protección Ciudadana.
El eje central del sistema es el Centro de Operaciones Tigre (COT), que articula las tareas de vigilancia y coordinación en todo el territorio. Actualmente, el Municipio cuenta con más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente en barrios, accesos y zonas de alta circulación, todas con conexión directa al centro de monitoreo.
Este despliegue se complementa con la incorporación de nuevos móviles policiales, lo que permitió ampliar el patrullaje preventivo y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones que alteran el orden público.
Otro de los pilares del esquema de seguridad es Alerta Tigre Global, una herramienta digital que ya se encuentra instalada en más de 150.000 dispositivos móviles. A través de esta multiplataforma, vecinos y vecinas pueden reportar hechos delictivos o emergencias de manera directa, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los equipos de seguridad.
En materia de innovación, durante el último año el Municipio incorporó narcotest, drones autónomos y bodycams, elementos que se suman a las tareas de control, prevención y registro de intervenciones en la vía pública.
Además, Tigre puso en funcionamiento el CyberCOT, un espacio especializado en delitos informáticos que no solo interviene en investigaciones, sino que también desarrolla acciones de capacitación para prevenir estafas digitales. Estas instancias formativas alcanzaron a más de 10.000 personas.
Finalmente, el trabajo del Laboratorio de Imágenes Criminológicas (LAIC) permitió resolver el 70% de los hechos judiciales requeridos por la fiscalía, mediante el análisis de material audiovisual que aportó pruebas determinantes en distintas investigaciones.
