Amparo contra la Red Federal de Concesiones
El intendente de Esteban Echeverría, Dr. Fernando Gray, presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del Dr. Pablo Gabriel Cayssials, un recurso de amparo con medida cautelar solicitando la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1843/2025, vinculada con la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC).
La acción judicial abarca la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, buscando proteger a los usuarios viales de lo que se considera un “falso peaje”, que actuaría como un impuesto al tránsito, con impactos económicos y sociales negativos.
Respaldo de CONADUV
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) celebró y respaldó la decisión de Gray:
"El objetivo fundamental es resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del Gobierno Nacional. Este régimen de 'falso peaje' es claramente inconstitucional, injusto e inviable, y generará serios perjuicios sociales y económicos".
El organismo destacó que la ausencia de un Ente Regulador creado por Ley y la falta de participación de los usuarios directos e indirectos son problemas centrales del proyecto.
Hacia un proyecto vial transparente y sin peajes
El CONADUV reiteró la necesidad de implementar un proyecto vial integral y libre de peajes, que contemple toda la red caminera del país y utilice de manera efectiva los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles para el mantenimiento del sistema vial.
"Recuperar las rutas por parte del Estado supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina. Debe reorganizarse la Dirección Nacional de Vialidad para volver a ser el organismo rector de la política vial y retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y competitividad de la economía".
Visión estratégica de transporte
El comunicado también plantea la importancia de un proyecto de transporte multimodal —vial, ferroviario y fluvial— como política de Estado, integrado, adaptado a la geografía argentina y competitivo internacionalmente, evitando los beneficios concentrados en pocas empresas o individuos.
"Es crucial garantizar un sistema de transporte eficiente y justo que priorice el bienestar de la sociedad por sobre intereses privados", concluye el CONADUV.
