La red narcocriminal encabezada por Marcelo “Alicho Oreja” González sufrió un duro golpe tras un megaoperativo de la Policía Bonaerense que incluyó 20 allanamientos simultáneos en distintas localidades del Conurbano. El dispositivo se desplegó en Villa 9 de Julio (San Martín), Pablo Nogués (Malvinas Argentinas), Vicente López y el propio penal de Magdalena, donde el líder de la banda cumple condena.
Según precisó el Ministerio de Seguridad bonaerense, la investigación comenzó en septiembre del año pasado y reveló que González dirigía la logística de drogas desde la cárcel, mediante intermediarios encargados de acopiar, fraccionar y distribuir estupefacientes, además de blanquear ganancias a través de una falsa financiera instalada en Vicente López.
Durante los operativos la policía detuvo a 14 sospechosos y aprehendió a otros siete. En la celda del cabecilla secuestraron dos teléfonos celulares utilizados para coordinar las maniobras delictivas.
En Pablo Nogués fue capturada E. Y. C. (28), con antecedentes por homicidio agravado criminis causa, junto a A. F. T. (38), imputado por lesiones leves. Ambos serían piezas clave en la cadena de distribución.
El balance de los allanamientos incluye: 4,4 kg de cocaína, 3,7 kg de marihuana, 3,7 kg de sustancia de corte, 13 armas de fuego —pistolas, revólveres y escopetas—, una réplica de fusil, chalecos antibalas, municiones de diversos calibres y vehículos con pedido de secuestro. Además se incautaron más de 9,3 millones de pesos, 13 000 dólares auténticos, 36 800 dólares presuntamente falsos, 600 rollos de nylon de colores destinados al empaque de dosis, balanzas, termoselladoras y 23 teléfonos celulares.
La causa está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, que encabeza la jueza Alicia Vence, con la Secretaría N.º 5 del doctor Hernán Roncaglia. La Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales coordinó las tareas de campo.
Con el hallazgo de la financiera trucha en Vicente López, los investigadores creen haber cerrado el circuito de lavado de dinero que mantenía activo el negocio desde la prisión. El análisis de la documentación y de los celulares secuestrados resultará clave para determinar la ruta del efectivo y la posible participación de cómplices aún no identificados.
