La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, imputó a 95 empresas por la inclusión de tasas o cargos ajenos al servicio en las facturas de consumo. Esta medida responde al incumplimiento de la resolución 267/2024, la cual prohíbe el cobro de conceptos no relacionados con el servicio en las boletas. Hasta el momento, se han abierto 244 expedientes correspondientes a las imputaciones, uno por cada localidad donde se registraron infracciones.
La normativa, vigente desde el 11 de octubre, establece que los proveedores de servicios públicos no deben incluir en las facturas conceptos como alumbrado, barrido y vigilancia, ya que estos cargos no forman parte del contrato específico entre el proveedor y el consumidor. La resolución establece que “los comprobantes emitidos por los proveedores deberán referirse de manera exclusiva al bien o servicio contratado”, con sanciones previstas para quienes incumplan.
Las empresas imputadas abarcan la Ciudad de Buenos Aires y 18 provincias: Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Desde la cartera económica informaron que “las empresas tienen cinco días hábiles para presentar su descargo”. Cumplido este plazo, la Secretaría de Industria y Comercio aplicará las sanciones correspondientes según la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta $2.130 millones.
Las denuncias de consumidores comenzaron a llegar luego de que se habilitara el correo denunciatufactura@comercio.gob.ar a fines de octubre. Hasta el momento, se recibieron 2705 reclamos de personas afectadas por estos cargos. El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, expresó que “esas tasas son ilegales y violan el art. 42 de la Constitución Nacional”.
Manuel Adorni, vocero del Gobierno, agregó que “invitamos a todos los intendentes a que busquen una manera de cobrar la tasa directamente al vecino sin incluirla en las facturas de servicios públicos”.
Por su parte, los intendentes de diversas localidades, principalmente del Conurbano bonaerense, sostienen que el cobro de tasas a través de las boletas de servicios públicos es una práctica establecida en varios municipios, ya que financia áreas esenciales como seguridad, alumbrado público y espacios verdes. Sin esta recaudación, los municipios advierten que se verán comprometidos en sus capacidades de respuesta ante demandas de la comunidad.
Aunque varios intendentes obtuvieron amparos judiciales que les permiten seguir cobrando las tasas en las facturas, el Gobierno continúa avanzando en el cumplimiento de la resolución.
Asimismo, la Secretaría de Energía ordenó que las estaciones de servicio exhiban un cartel con la leyenda: “En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles”, y que incluyan en la información a los usuarios el sitio web de la Secretaría. Las empresas cuentan con un plazo de 120 días para adecuarse a esta normativa; en caso de incumplimiento, también se enfrentarán a posibles sanciones.
