Señaló de ese modo que “una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 abonando cerca de 21.000 pesos”.
“Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%”, alertó.
En ese sentido, subrayó que “el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual”.
“La continuidad en el alquiler es fundamental para cualquier grupo familiar o inquilina con hijos a cargo, que necesitan arraigo barrial, escolar y sanitario”, evaluó.
Puntualizó que “el alquiler de vivienda familiar en la Argentina es de dos años y el locador o la inmobiliaria que lo representa fija libremente las condiciones de cada nuevo contrato que se firma”.
“Durante enero, entre consultas y entrevistas presenciales, la Defensoría del Pueblo ya recibió cerca de 300 casos en los que se denuncian diferentes situaciones”, sostuvo.
Precisó que, de ese total, “un 41% es de inquilinos que finalizan contrato y no tienen a dónde ir, no pueden renovar porque le piden un 50% de aumento, están adeudando más de tres meses de alquiler o expensas o quieren rescindir por incapacidad de poder seguir pagando el ajuste impuesto al contrato”.
En tanto, “otro 26% se acercó porque no le devuelven el depósito al finalizar el contrato, no se liquidan expensas extraordinarias, no le entregan factura para deducir ganancias, le cobraron ilegalmente comisión inmobiliaria o le realizaron contratos inferiores al plazo mínimo que establece la ley”.
“Un 14% tuvo problemas con los servicios públicos, en especial los cortes de gas, luz de obra en edificios nuevos o cobro indebido del impuesto inmobiliario”, enfatizó.
