La Sala III de la Cámara estableció que la suma que recibirán los empleados "surgirá de una pericia contable que deberá tener en cuenta la participación accionaria de cada trabajador", que deberá ser pagada por la licenciataria del servicio, en tanto que el Estado Nacional deberá cubrir los intereses por omitir reglamentar la legislación.
Telecom Argentina, tras la salida de France Telecom de la operación de la empresa, tiene actualmente como principales accionistas al grupo argentino Whertein y Telecom Italia.
María Ester Ponce, Beatriz Echenique de Lascano, Antonio Adán López, Mario Dante Martín, Juan Carlos Molina, Ana Beatriz Vicente, Alberto Alfredo Villarruel, Enrique Alcibides Zalazar y Carlos Gregorio Tchobanian, todos empleados de la firma privatizada, basaron su reclamo en el artículo 29 de la ley de Reforma del Estado.
La norma establece que cada trabajador de una empresa privatizada "por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de
familia".
La demanda fue rechazada en primera instancia por el juez Raúl Tetamantti, quien tuvo en cuenta que el Estado Nacional, en 1992, dictó el decreto 395, cuyo artículo 4 contempló que las empresas licenciatarias Telecom y Telefónica "no estaban obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias".
Los trabajadores apelaron el fallo porque se hizo prevalecer a un decreto por encima del texto de una ley.
La Sala III de la Cámara declaró inconstitucional al decreto 395/92 al afirmar que la ley 23.696 "impone a las empresas privatizadas el deber de emitir bonos de participación en las ganancias en beneficio del personal".
"La figura aquí analizada se ajusta a la cláusula de participación en las ganancias de la Constitución Nacional, y obviamente no debe ser confundida con la participación en el capital accionario que contemplan los programas de propiedad participada de la ley 23.696", sostuvo el tribunal.
Tras analizar la legislación ,los camaristas Graciela Medina, Guillermo Antelo y Ricardo Recondo coincidieron en que "el obligado a entregar los bonos de participación para el personal es la sociedad licenciataria" y no el ente privatizado (ENTEL).
"Resumiendo -agregaron- si los bonos sólo se conciben mediando lucro comercial, se impone concluir que el destinatario pasivo de la obligación contenida en el artículo 29 de la ley 23.696 es aquel que está en condiciones de generarlo mediante la explotación racional del servicio, es decir, la licenciataria Telecom Stet France Telecom S.A.". (Télam)
