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Jue
19
Nov
2026

La Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación de las cuotas de las prepagas

La Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación de las cuotas de las prepagas
El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 que habían eliminado las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud. La medida no establece un tope automático por inflación, pero obliga a revisar y autorizar las variaciones tarifarias.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 que habían eliminado la supervisión estatal sobre los precios de la medicina prepaga. Con el fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará la facultad de revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias. La decisión también podría repercutir en cerca de 500 causas judiciales que todavía esperan resolución.


El pronunciamiento modifica el escenario regulatorio para las empresas de medicina prepaga y sus afiliados. A partir de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto, el organismo nacional deberá volver a intervenir en la evaluación de los incrementos de las cuotas.


La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre el DNU 70/23.


El fallo confirmó parcialmente una resolución de la Cámara Federal de La Plata, en una causa iniciada por una afiliada a quien su empresa de medicina prepaga le había aumentado la cuota un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.


En ese expediente se había señalado que, de haberse aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud, el incremento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.


La causa llegó al máximo tribunal a partir de recursos presentados tanto por la empresa demandada como por el Estado Nacional.


Qué podrá controlar nuevamente el Estado sobre las prepagas


La decisión judicial restituye las atribuciones de la Superintendencia de Servicios de Salud para examinar las variaciones de las cuotas y verificar que respondan a criterios de razonabilidad.


El organismo también recupera la potestad de autorizar los incrementos cuando estén justificados por modificaciones en la estructura de costos y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos.


Los artículos cuestionados habían eliminado disposiciones de la Ley 26.682 que establecían mecanismos de supervisión estatal sobre los valores de los planes de salud.


Sin embargo, el fallo contiene una precisión importante para los afiliados: la Corte revocó la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que ordenaba limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).


Por lo tanto, la resolución no establece un congelamiento de las cuotas ni un límite automático atado a la inflación. Lo que restablece es la intervención regulatoria del Estado, que deberá evaluar y autorizar las modificaciones tarifarias de acuerdo con los criterios previstos en la normativa.


El argumento de la Corte contra la desregulación por decreto


Uno de los aspectos centrales del fallo es el cuestionamiento constitucional al mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para eliminar los controles sobre las empresas de medicina prepaga.


Los jueces recordaron que la Constitución Nacional permite dictar decretos de necesidad y urgencia únicamente bajo circunstancias excepcionales: cuando resulte imposible seguir el trámite legislativo ordinario o cuando exista una urgencia que no permita esperar los tiempos del Congreso.


En ese sentido, el tribunal consideró que los fundamentos incluidos en el DNU 70/23 no justificaban suficientemente la eliminación de los controles estatales sobre las cuotas.


La referencia a una “crisis del sistema de salud” y a la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” mediante la liberación de los precios no fue considerada una explicación suficiente para acreditar las condiciones excepcionales que exige la Constitución.


La Corte también señaló que no se había demostrado una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada por el Gobierno y la decisión de suprimir las facultades de fiscalización de la autoridad sanitaria.


Para fundamentar su posición, el máximo tribunal recordó su doctrina sobre los decretos de necesidad y urgencia, ratificada en la causa Cencosud, resuelta el 13 de agosto.


El impacto del fallo en otros reclamos por aumentos


La decisión podría tener consecuencias más allá del expediente que llegó a la Corte. Según la información del caso, el máximo tribunal tiene cerca de 500 causas análogas pendientes de resolución.


Además, el criterio adoptado podría incidir en otros reclamos iniciados por afiliados ante distintos tribunales del país, incluidos aquellos que ya abonaron aumentos y eventualmente soliciten la restitución de los importes.


De todos modos, la Corte aclaró que su pronunciamiento se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y que no implica una opinión sobre los restantes aspectos del decreto.


La consecuencia concreta es la recuperación de las facultades estatales de supervisión sobre las cuotas de la medicina prepaga, aunque sin imponer un porcentaje máximo de aumento ni establecer que los incrementos deban ajustarse automáticamente a la inflación.

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