Griselda Ortiz fue procesada por trata de personas y recuperó la libertad tras su detención en Tigre

La ex policía bonaerense Griselda Ortiz, que había sido detenida en Tigre por una investigación sobre el presunto reclutamiento de argentinos para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia, fue procesada por los delitos de sustracción y trata de personas agravada. Sin embargo, recuperó la libertad por decisión de la Justicia federal.

La resolución fue adoptada el martes pasado por el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, en una causa cuya investigación está delegada en el fiscal Sergio Mola.

Ortiz había recibido anteriormente una negativa a su pedido de excarcelación, debido al riesgo de fuga considerado por la Justicia. Ahora, el magistrado valoró que cuenta con un domicilio conocido y constatado en la zona de Tigre, precisamente donde fue detenida por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según el procesamiento, el arraigo de Ortiz y el hecho de que las principales pruebas de la investigación, entre ellas un cuaderno de anotaciones secuestrado en su departamento, ya hayan sido producidas redujeron los riesgos procesales. El juez también consideró mínimo el riesgo de que pudiera interferir con las presuntas víctimas.

La acusación contra Ortiz y su pareja

La Justicia sostiene que Ortiz y su pareja, Jorge Alberto Otero, un ex integrante de la Policía Federal que permanece prófugo y que los investigadores creen que habría escapado hacia Brasil, conformaban una estructura destinada a captar y trasladar personas hacia Ucrania.

El juez Rodríguez Ponte los acusa de una “estructura organizada de captación y traslado coordinado de personas, mediante engaño y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con el propósito de conducirlas fuera del territorio nacional e incorporarlas al ejército ucraniano”.

La investigación se inició el 24 de marzo, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó a cuatro pasajeros considerados sospechosos durante el preembarque de un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul.

Los cuatro fueron entrevistados por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De acuerdo con la investigación, tenían previsto continuar desde Estambul hacia Moldavia y luego llegar al frente en Kiev.

Ante los investigadores, los pasajeros dijeron que viajarían como albañiles para realizar tareas de reconstrucción en Zaporiyia, Ucrania. Para la Justicia, esa explicación formaba parte de la maniobra de captación.

Un viaje previo de Ortiz al frente ucraniano

Uno de los elementos incorporados al expediente surgió de la propia declaración de Ortiz, quien pidió ampliar su indagatoria el 10 de agosto.

La ex policía sostuvo que en junio de 2025 había solicitado la baja voluntaria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para viajar a Ucrania como voluntaria. Según su relato, su pareja, Jorge Alberto Otero, había viajado antes.

Como la unidad en la que se encontraba Otero no aceptaba mujeres, Ortiz aseguró que comenzó a buscar alternativas a través de internet.

“Yo busqué por las páginas de internet. Esta gente me mandaba números, me contactaba con gente de allá de Ucrania para que yo pueda contactarme y poder viajar”, declaró.

Según el procesamiento, Ortiz pidió un préstamo para financiar el viaje y también vendió un automóvil a un familiar. Una vez en Ucrania, firmó junto con Otero un contrato por tres años, con una opción de retiro a los seis meses.

El entrenamiento se realizó en Kropyvnytskyi, a unos 300 kilómetros de Kiev. La unidad fue atacada y Otero sufrió una herida en un pie, mientras que Ortiz quedó internada como consecuencia de la onda expansiva. Ambos se casaron durante su permanencia en un hospital local.

En noviembre de 2025 solicitaron la baja y regresaron a la Argentina.

De ex policía a reclutadora en redes sociales

Después de regresar, Ortiz comenzó a recibir consultas de personas interesadas en viajar a Ucrania, entre ellas varios ex policías.

La mujer reconoció ante la Justicia que creó cuentas en Instagram y TikTok bajo el nombre “Legión Internacional de Ucrania” para responder preguntas de quienes buscaban incorporarse al conflicto.

“Me hice una página de Instagram y una de TikTok con el nombre de la Legión Internacional de Ucrania. Respondía los mensajes de la gente que me mandaba, preguntándome cómo hacían para ir”, explicó.

Los contactos, según su declaración, se realizaban a través de Signal para evitar que fueran detectados por la inteligencia rusa. Meses atrás, sitios de orientación prorrusa y un canal abierto de Telegram dedicado a rastrear mercenarios habían difundido los nombres y fotografías de Ortiz y Otero.

La investigación también apunta a una figura mencionada reiteradamente en el expediente: un supuesto comandante colombiano conocido como “Wolf”.

El misterioso “comandante Wolf”

Ortiz declaró que había recibido de ese supuesto comandante las cartas de invitación y los pasajes destinados a los cuatro jóvenes que fueron detectados antes de viajar.

El cuaderno secuestrado en su departamento contenía, según la investigación, instrucciones atribuidas a “Wolf”.

La ex policía reconoció además haber participado de la reunión que mantuvo con los cuatro jóvenes en un hotel de Belgrano y del traslado posterior hacia el aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, negó haber elaborado el relato de que viajarían como falsos albañiles y también rechazó haber cobrado dinero por el reclutamiento.

El expediente sostiene que Ortiz y Otero se habían reunido por primera vez con los cuatro jóvenes el 9 de marzo en un hotel de Belgrano, después de varias semanas de conversaciones mediante Signal.

De acuerdo con el procesamiento, en aquella oportunidad no les informaron concretamente quién los recibiría en Ucrania, dónde se alojarían, cuáles serían sus funciones ni bajo qué modalidad realizarían las tareas.

La información que recibieron se habría limitado al pago prometido, de entre 1.000 y 2.700 dólares, y a una duración contractual de entre seis meses y tres años.

Ahora, aunque Ortiz recuperó la libertad, la Justicia le impuso restricciones: no podrá salir del país ni acercarse a las presuntas víctimas. Además, pesa sobre ella un embargo de 20 millones de pesos.

Su pareja, Jorge Alberto Otero, continúa prófugo.