El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar preventivamente al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La medida se tomó mientras continúa el proceso iniciado en su contra por seis cargos.
El jury deberá avanzar ahora con el análisis de las acusaciones y con la producción y valoración de la prueba. El magistrado ya se encontraba de licencia por disposición de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Entre los cargos formulados aparecen denuncias por presuntas situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, malos tratos a empleados y funcionarios, utilización indebida de recursos estatales, abuso de poder, presiones sobre testigos y una delegación irregular de su firma digital.
El origen del jury
El caso comenzó en julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro denunció a García Maañón ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. La presentación lo acusaba de acoso sexual y laboral y de abuso de poder.
De acuerdo con la denuncia, los episodios se habían iniciado meses antes e incluían mensajes y comunicaciones con comentarios sobre el aspecto físico y la vestimenta de la funcionaria, además de propuestas para mantener encuentros personales. Como parte de la presentación fueron aportados chats y audios.
La denuncia derivó en un sumario administrativo dentro de la Suprema Corte y en una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo.
En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense, entonces encabezada por Julio Conte-Grand, presentó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. A partir de las actuaciones, la acusación incorporó otros señalamientos relacionados con presunta violencia laboral, abuso de poder, utilización de recursos humanos y materiales del Poder Judicial en beneficio propio y presiones sobre testigos.
Posteriormente, el Colegio de Abogados de San Isidro presentó una denuncia propia, que quedó acumulada al expediente iniciado por la Procuración General.
Los seis cargos que deberá analizar el jury
Las acusaciones fueron organizadas en seis cargos vinculados con distintas situaciones ocurridas en el ámbito laboral e institucional.
El primero refiere a presuntas situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
El segundo está relacionado con malos tratos reiterados hacia empleados y funcionarios, que según la acusación habrían incluido expresiones agraviantes, órdenes arbitrarias, descalificaciones y comportamientos de carácter autoritario.
El tercer cargo apunta a la presunta utilización indebida de recursos del Estado para comodidad personal.
El cuarto señala un trato irrespetuoso hacia superiores y la utilización de referencias al poder institucional con el objetivo de intimidar.
El quinto se refiere a presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones que pudieran perjudicar al magistrado.
Finalmente, el sexto cargo está relacionado con una delegación irregular de la firma digital, considerada por la acusación como una violación manifiesta de la normativa vigente.
Quiénes integran el Jurado de Enjuiciamiento
El jury está presidido por el titular de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Gabriel Torres. También lo integran los conjueces abogados Iván Roberto Ponce Martínez, Lisandro Daniel Benito, Beatriz Domingorena y Marcela Alejandra Wambold.
Como conjueces legisladores participan Gustavo Sergio Cuervo, Florencia Arietto y Natalia Miriam Blanco.
Con el apartamiento preventivo, el proceso continuará concentrado en el análisis de los seis cargos, junto con la producción y valoración de las pruebas. La instancia deberá determinar la responsabilidad del magistrado frente a las acusaciones formuladas.
