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Nordelta: investigan a una familia por presuntas estafas por más de US$119.000

Nordelta: investigan a una familia por presuntas estafas por más de US$119.000
La causa involucra a tres integrantes de una familia vinculada a una inmobiliaria, al menos cinco denunciantes y seis hechos registrados entre 2024 y mayo de 2026. La investigación incluye una denuncia por amenazas.

Una familia vinculada a una inmobiliaria de Nordelta quedó bajo investigación judicial por una serie de presuntas estafas que, de acuerdo con la causa, superarían los US$119.000. El expediente reúne seis hechos denunciados, al menos cinco damnificados y operaciones que se habrían desarrollado entre 2024 y mayo de 2026.


Los imputados son Guillermo Vrsalovic, de 59 años; su esposa, Marisa Pamela Bulacio, de 51; y el hijo de ambos, Conrado Vrsalovic, de 25. Los tres están acusados de estafas reiteradas y defraudación por administración fraudulenta. Vrsalovic, además, enfrenta una imputación por una presunta amenaza contra uno de los denunciantes.


La investigación está a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, y de su secretario, Germán Pascuale. El expediente tiene como uno de sus ejes las operaciones atribuidas a Northaus Propiedades, con sede en Nordelta.


Las inversiones en dólares que están bajo la lupa


Según la hipótesis de los investigadores, los acusados habrían utilizado vínculos personales, sociales y comerciales para ofrecer inversiones inmobiliarias en dólares.


Las propuestas contemplaban la devolución del dinero aportado junto con una ganancia. En algunos casos, los denunciantes habrían recibido pagos parciales inicialmente, lo que habría contribuido a generar confianza y facilitar nuevas entregas.


Entre los casos incorporados al expediente aparece el de una persona que aseguró haber entregado US$30.000 en el estacionamiento de un restaurante de Nordelta. Otra denunciante declaró haber aportado US$15.000 en las oficinas de la inmobiliaria, con la expectativa de recibir US$22.000.


También fue denunciado un hombre que conocía a la familia a través del colegio de sus hijos. Según su presentación, primero habría firmado un contrato por US$15.000 y, luego de recibir algunos pagos, entregó otros US$30.000. El reclamo correspondiente a esa operación ascendería a casi US$56.000, entre capital e intereses prometidos.


Una casa que habría sido alquilada sin conocimiento de su propietaria


Otra parte de la investigación se concentra en la administración de una propiedad ubicada en Nordelta.


La dueña habría entregado su casa a la inmobiliaria para que gestionara su alquiler. Durante un período, según su denuncia, recibió información de que el inmueble permanecía desocupado y no tenía interesados.


El aumento del consumo eléctrico habría despertado sus sospechas. Luego habría descubierto que un hombre llevaba aproximadamente tres meses viviendo en la propiedad y que había realizado pagos en dólares por ocuparla.


Para los investigadores, ese episodio podría constituir una maniobra de administración fraudulenta si se confirma que la propietaria fue privada deliberadamente de esa información.


Allanamientos y una denuncia por amenazas


El expediente también incorpora una denuncia contra Guillermo Vrsalovic por una presunta amenaza. Uno de los damnificados sostuvo que fue intimidado cuando reclamó el pago de una deuda vinculada con una supuesta inversión.


La acusación deberá ser corroborada durante el avance de la investigación judicial.


El 7 de agosto se realizaron allanamientos en el domicilio de la familia y en la sede de Northaus Propiedades, ambos en Nordelta. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, aunque no se habría encontrado dinero ni documentación vinculada con las operaciones denunciadas.


La causa cuenta con testimonios, contratos, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp aportados por los denunciantes.


La investigación continúa abierta y busca determinar, entre otros aspectos, si existen otras personas afectadas. Hasta el momento no existe una condena ni una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los imputados, por lo que las acusaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.

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