El Municipio de San Isidro presentó un proyecto para obligar a las empresas prestadoras de servicios a retirar el cableado aéreo que ya no se utiliza, una medida que busca mejorar la seguridad en la vía pública, reducir la contaminación visual y ordenar el espacio urbano.
La iniciativa establece que cada empresa deberá presentar un plan de remoción del tendido obsoleto en plazos definidos y asumir íntegramente los costos del relevamiento, retiro y disposición final de los materiales. El municipio será el encargado de fiscalizar los trabajos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
El proyecto surge ante la acumulación de cables fuera de servicio que permanecen instalados en postes y columnas, una situación que representa un riesgo para los vecinos y dificulta las tareas de mantenimiento en la vía pública. El problema se vuelve más crítico durante tormentas o jornadas de fuertes vientos, cuando aumentan las posibilidades de caídas de tendidos, enredos e interferencias con otros servicios.
Además de disminuir esos riesgos, la propuesta busca mejorar la calidad ambiental y el paisaje urbano mediante la eliminación de infraestructura en desuso que genera contaminación visual y afecta la imagen de las calles del distrito.
Pruebas en distintos barrios
Antes de avanzar con la iniciativa, la Subsecretaría de Espacio Público realizó relevamientos y pruebas piloto en diferentes sectores del municipio para identificar el cableado fuera de servicio.
Los trabajos se desarrollaron en Cosme Beccar, entre Leandro N. Alem y Almirante Brown; sobre Acassuso, entre Alem y Belgrano; y también en distintos tramos de Padre Acevedo y Blanco Encalada.
Una vez detectados los cables obsoletos, el municipio coordinó con las empresas prestadoras las tareas necesarias para avanzar con su retiro.
Empresas responsables del retiro
La normativa establece que serán las propias empresas las responsables de ejecutar el plan de remoción del cableado en desuso y de financiar todas las tareas necesarias.
Por su parte, el municipio realizará el seguimiento y control de las obras para verificar el cumplimiento del cronograma previsto. En caso de incumplimientos o demoras injustificadas, se contemplarán sanciones para las compañías responsables.
