CTERA aseguró que la medida de fuerza convocada en todo el país contó con una adhesión "altísima" y estuvo acompañada por movilizaciones en distintas provincias. El Gobierno nacional, en cambio, afirmó que el acatamiento fue desigual y anunció que continúa relevando datos para elaborar un informe oficial.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) aseguró que el paro nacional docente convocado para este lunes registró un "altísimo acatamiento" en todo el país y destacó la amplia participación de docentes en las movilizaciones realizadas en distintas provincias. Desde el Gobierno nacional, sin embargo, sostuvieron que la adhesión fue dispar y señalaron que todavía procesan la información relevada en cada jurisdicción.
Para la organización sindical, la medida de fuerza evidenció el malestar del sector frente a la política educativa nacional. En un comunicado difundido durante la tarde, CTERA afirmó que hubo una "masiva participación de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en las distintas acciones y movilizaciones realizadas en cada provincia".
La entidad también resaltó la movilización realizada frente al Ministerio de Economía, donde participaron junto a CONADU, CONADU Histórica y ATE.
Los reclamos del paro nacional
Entre los principales reclamos que impulsaron la medida de fuerza, CTERA volvió a exigir la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial, la restitución del FONID, el envío de fondos nacionales para educación y una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
El sindicato también manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y reclamó la defensa de las jubilaciones docentes.
La respuesta del Gobierno
Mientras el sindicato destacó la contundencia de la protesta, el Ministerio de Capital Humano afirmó que aún procesa la información obtenida por las agencias territoriales en cada provincia.
Fuentes oficiales señalaron que la medida no habría tenido un respaldo "contundente" y que existieron diferencias importantes entre las provincias. Según esa evaluación, la mayor adhesión se registró en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y Chaco el impacto habría sido prácticamente nulo.
Desde el Ejecutivo también indicaron que analizan posibles sanciones, entre ellas multas económicas previstas en la Ley de Modernización Laboral e incluso la eventual evaluación de una quita de la personería gremial.
