La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dejó sin efecto las medidas de control impulsadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y ratificó que la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia quedó bajo la órbita de fiscalización de la Provincia de Buenos Aires tras el traslado de su sede social a la localidad de Pilar.
En su resolución, los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset declararon la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también de la medida del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por un plazo de 180 días hábiles.
Además, el tribunal consideró cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y sostuvo que, luego de la inscripción de la entidad en territorio bonaerense, el organismo nacional ya no posee facultades de control sobre la asociación.
Los magistrados señalaron que, tras la mudanza de la sede social y su inscripción en la provincia, "quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad", en referencia a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
El traslado a Pilar y el cambio de jurisdicción
La disputa se originó después de que la Asamblea General de la AFA aprobara, en octubre de 2024, la modificación de su estatuto para trasladar el domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad de Pilar.
Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción, consolidando la radicación de la entidad en la provincia de Buenos Aires.
A partir de ello, la Cámara entendió que la IGJ carecía de competencia para revisar las decisiones adoptadas por el organismo bonaerense o cuestionar la validez del nuevo domicilio social de la AFA. Los jueces remarcaron que los actos administrativos dictados por organismos provinciales conservan plena validez mientras no sean impugnados y que la IGJ no puede ejercer funciones revisoras sobre resoluciones adoptadas en otra jurisdicción.
Asimismo, el fallo aclaró que el traslado institucional no elimina las obligaciones de fiscalización de la entidad, ya que el control de sus estados contables y demás aspectos societarios continuará bajo la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires.
Las causas penales continúan abiertas
La resolución de la Cámara Civil se limita al conflicto institucional y no modifica el curso de las investigaciones penales que involucran a la AFA y a algunos de sus dirigentes.
Entre las causas en trámite figura una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Pilar, además de un expediente en el que Claudio Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran procesados por presunta retención indebida de aportes.
De esta manera, la Justicia civil ratificó el traslado de la AFA a la provincia de Buenos Aires, dejó sin efecto los intentos de intervención impulsados desde la IGJ y redefinió el esquema de control institucional sobre la entidad, mientras las investigaciones penales seguirán su curso en los tribunales correspondientes.
