Un duro diagnóstico sobre el estado de la salud pública encendió las alarmas en la Legislatura bonaerense. El senador provincial y vicepresidente primero de la Cámara Alta, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la «Emergencia Humanitaria y Sanitaria de la provincia de Buenos Aires», fundamentado en el grave desabastecimiento de medicamentos esenciales, la falta de vacunas de cara al invierno y el desborde operativo que sufren los hospitales municipales del conurbano.
La iniciativa del legislador peronista expone una fuerte crítica hacia la administración del Estado Nacional, argumentando que la interrupción y el recorte de fondos hundieron el sistema sanitario local. En el texto del proyecto, se detalla de manera explícita que la suspensión del Programa Remediar dejó sin provisión de fármacos básicos a las salitas de atención primaria, al tiempo que se denuncian severas restricciones en las coberturas de tratamientos por discapacidad y demoras en la entrega de vacunas clave para los jubilados a través de la red del PAMI.
Sin embargo, el proyecto de Ishii no se limita a apuntar hacia la Casa Rosada; también reconoce fallas y cuellos de botella dentro de la propia gestión de la Provincia de Buenos Aires. El documento advierte sobre deficiencias y falta de insumos descartables en programas preventivos provinciales, remarcando la necesidad urgente de poner plenamente en operaciones el programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), vital ante la inminente llegada de los meses de frío.
De acuerdo con el articulado, esta falta de respuestas y la escasez de recursos coordenadas entre los estamentos gubernamentales terminaron trasladando una carga financiera extraordinaria a los intendentes. Los centros de atención primaria y los hospitales de los municipios se encuentran absorbiendo una demanda social y médica que, en numerosos distritos de la provincia, ya supera por completo sus capacidades presupuestarias originales.
Asimismo, el senador hizo hincapié en el alarmante deterioro de la salud mental de la población como consecuencia directa de la crisis económica, registrándose un salto exponencial en las consultas por cuadros de angustia, padecimientos emocionales y contención psicológica en los efectores públicos de salud.
“Frente a una emergencia de esta magnitud, toda inversión no urgente debe ceder ante la obligación indelegable del Estado de garantizar medicamentos, atención sanitaria, vacunación, salud mental y funcionamiento hospitalario convocó”, concluye el texto parlamentario, advirtiendo que la falta de una respuesta institucional inmediata profundizará un escenario crítico que ya compromete de forma directa a millones de bonaerenses.
