El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Justicia para intentar suspender la aplicación de la ley de financiamiento universitario, en medio de una fuerte tensión por la obligación de transferir fondos a las universidades.
La presentación fue realizada durante la madrugada por la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo es frenar la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795.
Recurso judicial y estrategia del Gobierno
El Ejecutivo cuestionó el fallo que había confirmado una medida cautelar obligando a aplicar la normativa, incluyendo la recomposición salarial en universidades.
El recurso fue presentado con efecto suspensivo, con el objetivo de evitar el inicio de las transferencias. Sin embargo, hasta que la Justicia no lo conceda, el Estado está obligado a cumplir con los pagos.
Además, el caso será elevado a la Corte Suprema, donde el Gobierno pidió que los jueces se excusen por su condición de docentes universitarios y que se designen conjueces.
Impacto fiscal y falta de fondos
Desde la Casa Rosada advirtieron que el cumplimiento del fallo implicaría una transferencia cercana a $2,5 billones, lo que generaría un retorno del déficit fiscal.
Una fuente oficial señaló: “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”.
El Ejecutivo sostiene que la ley es de “imposible aplicación” porque no establece fuentes de financiamiento, y argumenta que cualquier gasto requiere previsión presupuestaria aprobada por el Congreso.
Debate institucional y división de poderes
El Gobierno también cuestionó el rol del Poder Judicial, al considerar que la medida implica una intromisión en facultades del Ejecutivo y del Legislativo.
Según plantearon, la decisión judicial obliga a ejecutar partidas sin respaldo presupuestario, lo que vulneraría el principio de división de poderes.
Origen del conflicto por el financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2025 tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei por parte del Congreso.
La normativa establece la actualización de salarios docentes y no docentes, así como la recomposición de becas estudiantiles desde diciembre de 2023.
Deterioro presupuestario y reclamos del sector
De acuerdo con datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026.
Además, los salarios universitarios perdieron más del 32 % de su poder adquisitivo, en un contexto de inflación acumulada del 280 %.
Actores del sistema universitario remarcaron la necesidad urgente de convocar a paritarias y priorizar la recomposición de becas.
Qué puede pasar ahora
Fuentes judiciales indicaron que existen pocos antecedentes en los que la Corte Suprema haya concedido efectos suspensivos en este tipo de casos.
Si no se otorga la suspensión, el Gobierno deberá avanzar con las transferencias de manera obligatoria, lo que agrava el escenario fiscal.
