Un total de 19 integrantes de la Banda del Millón que se encontraban detenidos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria N°61 de Melchor Romero, donde quedaron alojados en un pabellón sin acceso a teléfonos celulares ni otros dispositivos tecnológicos.
La decisión fue adoptada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de reiterados pedidos del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación que busca impedir que la organización continúe coordinando delitos desde el interior de las cárceles.
La medida se produjo después del escándalo generado por el contenido hallado en el celular de uno de los líderes de la banda, que reveló cómo se ordenaban robos y otros ataques desde prisión.
La investigación impulsada por el fiscal Patricio Ferrari
Según indicaron fuentes judiciales, el traslado responde a una serie de presentaciones realizadas por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien solicitó la prohibición absoluta de uso, tenencia o acceso a celulares para los miembros de la organización detenidos.
La decisión fue ejecutada por la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB, aunque los tribunales todavía no dictaron una resolución definitiva sobre el planteo del fiscal, con excepción de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty.
Entre los detenidos trasladados figuran Brandon Imanol Brites, Elian Castillo, Esteban Fernández, Lucas Merelles, Francisco Gaitano, Jonás Gallardo, Nicolás Gamarra, Diego Ezequiel Gómez, Thiago González, Adrián Eloy Ledesma, Kevin Leites, Jairo León, Francisco Lubo, Bautista Luna, Juan Moyano, Pablo Paletta, Santiago Paz, Hugo San Martín, Thiago Sandoval y Sofía Gómez, señalados como miembros activos de la banda.
Desde la investigación remarcaron que la medida busca “garantizar las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, así como asegurar su adecuado cumplimiento y control”.
Robos planificados desde la cárcel
Para los investigadores, la reubicación de los detenidos constituye un paso clave para frenar la actividad criminal de la organización.
De acuerdo con fuentes judiciales, la medida apunta a “prevenir la reiteración de hechos de extrema gravedad y desarticular toda posibilidad de coordinación criminal desde el ámbito penitenciario”.
Las pesquisas revelaron que varios delitos atribuidos a la banda eran planificados desde las cárceles, donde algunos de sus líderes ordenaban ataques y coordinaban operativos.
Incluso se determinó que la estructura utilizaba menores de edad para tareas de vigilancia y apoyo logístico durante los asaltos.
Los datos encontrados en los celulares
Uno de los casos más relevantes fue el del teléfono de Hugo Castillo San Martín, en el que se detectó que la organización había marcado al menos 167 domicilios como posibles objetivos de robo.
Además, recientemente se conoció el contenido de un celular autorizado que utilizaba Lucas Merelles, desde el cual dirigía operaciones de la banda y daba instrucciones a otros integrantes mediante videollamadas.
El pedido para prohibir celulares en las cárceles
Ante esta situación, el fiscal Ferrari volvió a reclamar a los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Federico Vales Garbo, del Tribunal Oral Criminal N°3, que resuelvan el pedido presentado el 12 de febrero.
En ese escrito solicitó prohibir el uso, la tenencia y el acceso a teléfonos celulares o dispositivos con conexión a internet para los detenidos vinculados a la organización, con la única excepción de comunicaciones con sus abogados defensores.
La fiscalía también propuso instalar bloqueadores de señal móvil y realizar requisas diarias en las celdas para impedir el ingreso de aparatos electrónicos.
Hallazgos en requisas dentro de las cárceles
En el marco de las revisiones realizadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense, se detectó la presencia de teléfonos celulares no registrados en las celdas de varios detenidos.
Según el informe penitenciario, los aparatos fueron hallados en los espacios ocupados por Moyano, Gaitano, León y Ledesma, lo que reforzó la hipótesis de que la organización continuaba operando desde prisión.
El reclamo del intendente de San Isidro
En paralelo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó un pedido formal ante la Cámara de Casación Penal para que se deje sin efecto la autorización que permite el uso de teléfonos celulares en cárceles bonaerenses.
“No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, expresó el jefe comunal.
