Cinco allanamientos simultáneos en el noroeste del Conurbano bonaerense finalizaron con el secuestro de más de 4.400 productos Stanley falsificados y la detención de cuatro personas vinculadas con el ingreso y la venta de mercadería apócrifa.
Los procedimientos fueron realizados por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, con la dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, en una causa del Juzgado Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, secretaría penal de Gregorio Rueda.
La investigación comenzó en septiembre, tras detectar publicaciones en Instagram, TikTok, Marketplace de Facebook y sitios de venta online ofreciendo termos, vasos y accesorios térmicos Stanley a precios muy inferiores a los oficiales.
El personal policial detectó patrones en diseño y colores de los productos, confirmando que no eran originales y que podrían provenir de un circuito de importación ilegal.
El primer hilo de la investigación condujo a A.A. y A.N.Z., una pareja que promocionaba mercadería Stanley apócrifa mediante videos en redes y operaba en dos locales comerciales en pleno centro de San Miguel, donde los clientes compraban tanto online como presencialmente sin advertir la falsedad de los artículos.
La colaboración de empleados de Stanley fue clave para certificar que los productos y su envoltorio eran copias, pero carecían de certificados sanitarios, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores.
Según fuentes del caso, el valor en el mercado de la mercadería secuestrada supera los 107 millones de pesos, incluyendo 2.912 termos, 810 vasos, 396 jarras, 197 mates y 111 bombillas Stanley.
La investigación identificó otros tres locales en Malvinas Argentinas, regenteados por P.E.C. y B.M., con depósitos donde se guardaba y exhibía la mercadería. En total, operaban al menos seis empleados informales con jornadas de ocho horas y sueldos promedio de 650.000 pesos mensuales.
Todos los objetos incautados eran de origen brasileño y carecían de certificados sanitarios. Su ingreso irregular al país configuró infracciones a la Ley Nacional de Marcas y Designaciones (22.362) y al Código Aduanero (22.415).
Los allanamientos fueron realizados en San Miguel (tres procedimientos), Grand Bourg y José C. Paz, culminando con la detención de A.A., A.N.Z., P.E.C. y B.M., quienes fueron conducidos a declarar y recuperaron la libertad tras completar los trámites legales.
Los comercios operaban en zonas céntricas y barrios comerciales de alto tránsito, combinando ventas al por mayor y menor, tanto presenciales como online, lo que aumentaba las ganancias y dificultaba los controles.
