El nuevo esquema tributario dispuesto por el intendente de Pilar, Federico Achával, generó fuertes críticas de comerciantes, cadenas de supermercados y economistas. La modificación de la Tasa de Derecho Ambiental establece un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra, afectando a supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas.
El economista Roberto Cachanosky, en una nota publicada en Infobae, afirmó que la medida crea “un costo oculto para las familias” y evaluó que “la lógica del intendente Achával es cobrar pequeños montos a una gran cantidad de personas, lo suficiente para recaudar sin provocar una reacción social”. Calculó que una familia tipo podría enfrentar “$14.000 adicionales” si el recargo se trasladaba al precio final de las compras mensuales.
Cachanosky también recordó que el municipio aplica tasas por Publicidad y Propaganda, Derecho de Oficina y Plusvalía, y citó a Juan Bautista Alberdi al señalar que “el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco”. Indicó que el aumento en Pilar afecta a todos los consumidores “aunque el sobrecosto no sea visible en el ticket”.
El régimen tributario se oficializó mediante la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, reemplazando el monto fijo anterior por un recargo del 2% aplicable a cada operación dentro del partido desde el 1° de diciembre. Las cadenas recibieron la notificación oficial y deben ajustar sus sistemas antes del 15 de diciembre, generando preocupación por la disponibilidad técnica y operativa.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) solicitó una audiencia “urgente” con la secretaria de Hacienda, Anahí Moretti, advirtiendo sobre “graves perjuicios” a los vecinos y “problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria”. La entidad subrayó que el 2% “encarece cada producto vendido” y que la ausencia de un mínimo no imponible “implica que la percepción se aplica sobre cualquier importe”.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresó “profunda preocupación y rechazo”, señalando que el impacto en precios será inmediato y más sensible en diciembre. La entidad advirtió que el traslado del gravamen a los productos básicos “afecta el bolsillo de millones de familias”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presidida por Mario Grinman, calificó la tasa ambiental de Pilar como “desmesurada” y vinculó la voracidad fiscal con la inviabilidad de muchas operaciones productivas. Instó a los gobiernos locales a evitar nuevos aumentos y revertir los recientes incrementos.
Desde el Ejecutivo Nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, sumando sus críticas a las planteadas días antes sobre los incrementos de impuestos locales.
