Desde el 1° de octubre de 2025, los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico tendrán un aumento del 7%, según lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La medida generó un fuerte malestar entre los usuarios viales, que denunciaron un incremento “ilegal, abusivo, injustificado e irresponsable”. Según expresaron, el ajuste sólo beneficia a la concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.), mientras que impacta de lleno en los costos de transporte y en los precios de la economía.
Comparativa con otros accesos a CABA
Los cuadros tarifarios muestran que el peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata se ubica muy por encima de otros accesos:
Acceso Norte (AUSOL, 65 km): $900 hora pico automóvil.
Acceso Oeste (GCO, 60 km): $1.800.
Acceso Riccheri (Corredores Viales, 59 km): $2.600.
Autopista Buenos Aires-La Plata (AUBASA, 58 km): $5.000.
Esto significa un costo de $86 por kilómetro, muy superior a los $14 del Acceso Norte o los $44 de la Riccheri.
En el caso de los camiones de más de seis ejes, la diferencia es aún más notoria: en la Buenos Aires-La Plata el peaje llega a $29.800 en hora pico, es decir $514 por kilómetro, contra $64 en el Acceso Norte o $213 en la Riccheri.
Ejemplos de costos anuales
De acuerdo con estimaciones del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), el tarifazo implica cifras millonarias para quienes usan las rutas a diario:
Automóvil de CABA a La Plata ida y vuelta, 25 días por mes: $3.000.000 anuales solo en peaje.
Camión de +6 ejes en el mismo tramo, 20 viajes por mes: $14.300.000 anuales.
Automóvil de CABA a Mar del Plata ida y vuelta, 20 días por mes: $8.640.000 al año.
Camión de +6 ejes en ese trayecto: $45.600.000 anuales.
Críticas de los usuarios
Organizaciones y referentes del sector vial cuestionaron que, “como en anteriores oportunidades, el Gobierno bonaerense autoriza un aumento para cubrir el déficit de AUBASA, a costa del bolsillo de los usuarios”.
Además, remarcaron que AUBASA actúa como “una caja política”, limitada a cobrar un “falso peaje o impuesto al tránsito”, sin reinvertir en mejoras viales.
Desde el CONADUV reiteraron que el régimen de peajes es “inconstitucional e inviable”, por no contar con caminos alternativos gratuitos, aplicar una doble imposición y mantener un sistema abierto donde algunos pagan y otros no según el tramo.
También denunciaron la ausencia de un ente regulador que garantice la participación de los usuarios en la discusión tarifaria, a pesar de los reiterados pedidos realizados a la Legislatura bonaerense y a la Defensoría del Pueblo.
En ese marco, calificaron la situación como una “estafa vial que persiste en el tiempo”, vulnerando los derechos de los usuarios y afectando a toda la comunidad.
