El Gobierno nacional avanzó formalmente con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), autorizando la venta de acciones, el ingreso de capital privado y la posibilidad de interrumpir el servicio ante falta de pago.
Los cambios fueron oficializados mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que reformula el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales. La medida modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que el 90% del capital accionario de AySA pertenecía al Estado y que esa participación era intransferible. Con la nueva normativa, se habilita que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, lo que habilita legalmente la privatización de la empresa.
La decisión impacta directamente sobre el servicio que presta AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y contempla nuevas atribuciones para la empresa concesionaria, entre las que se destaca la habilitación para cortar el suministro por falta de pago.
Nuevas facultades autorizadas
Entre las principales atribuciones que incorpora la reforma, se destacan:
- Corte del servicio ante mora de los usuarios.
- Facultades para revisar y auditar técnicamente todas las obras dentro del área regulada.
- Constitución de garantías con fondos del Contrato de Concesión para asegurar el repago del financiamiento vinculado al servicio público.
Además, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un Plan Director de Mejora Estratégica, con el objetivo de definir lineamientos técnicos y estrategias para ampliar la infraestructura del servicio mediante programación de obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores.
Asimismo, el decreto dispone que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión”.
En los fundamentos del DNU, el Gobierno argumentó que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
También se indicó que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
En esa línea, se advirtió que la situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
