El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos. La medida se concretó a través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, en el marco de un proceso de reestructuración estatal impulsado por el Ministerio de Economía.
La administración de los créditos otorgados quedará a cargo del Banco Hipotecario S.A., que continuará con las condiciones contractuales originales. Según el Gobierno, la decisión busca “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”.
En los considerandos de la resolución, se citan informes de la Sindicación General de la Nación (SIGEN) que detectaron “demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad, manuales de procedimiento desactualizados y dificultades de control”. También se señaló la existencia de sobrecostos por atrasos y una administración considerada “poco ágil y poco transparente”.
Los créditos seguirán bajo administración del Banco Hipotecario
Uno de los aspectos que más incertidumbre generaba era qué ocurriría con los créditos vigentes. El Ministerio de Economía aclaró que los beneficiarios mantendrán las condiciones pactadas: monto, tasas, sistema de actualización y calendario de pagos.
“Esto significa que los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones”, aseguraron desde la cartera económica. Las cuotas seguirán bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales, y se respetará la seguridad jurídica de los contratos vigentes.
La Secretaría Legal del Ministerio de Economía quedará a cargo de resolver los eventuales conflictos judiciales relacionados con el programa.
Las obras inconclusas pasarán a las provincias y municipios
Actualmente, hay unas 17.000 viviendas en distintos grados de ejecución que formaban parte de desarrollos urbanísticos del Procrear. Según informó el Gobierno, su continuación dependerá ahora de las provincias, municipios o del sector privado.
Durante 2024 ya se inició el traspaso de proyectos habitacionales a distritos como Catamarca, Chubut, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, donde la gestión de Axel Kicillof asumió el compromiso de finalizar obras con fondos provinciales.
Las viviendas terminadas, pero aún no adjudicadas, podrían ser incorporadas al mercado a través de ventas directas, dejando atrás el tradicional sistema de sorteos.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) recibirá los inmuebles sin contratos vigentes, con la posibilidad de venderlos o cederlos, y en caso de terrenos cedidos por provincias o municipios, podrá convenirse su devolución total o parcial.
Futuro de los proyectos y créditos no desembolsados
En todo el país hay 85 desarrollos urbanísticos, con un total estimado de 18.500 viviendas. Aquellos que aún no se ejecutaron o no tengan contratos activos podrán ser vendidos o transferidos a la AABE u otros organismos. En los casos de créditos aún no desembolsados o con problemas administrativos, la Dirección de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía deberá adoptar las medidas necesarias para resolverlos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
La eliminación del Procrear forma parte de una reforma más amplia que apunta a retirar al Estado nacional de la ejecución directa de políticas habitacionales, delegando su financiamiento a bancos privados y su desarrollo a provincias, municipios y empresas constructoras.
A futuro, el acceso a créditos hipotecarios dependerá exclusivamente de las condiciones del mercado financiero, sin programas específicos dirigidos a trabajadores formales o sectores medios. “La financiación y ejecución de viviendas debe ser parte de la operatoria bancaria habitual, sin esquemas de subsidio ni promoción pública”, argumentaron desde el Gobierno.
