Una contadora pública de 47 años, identificada como M.J.P., fue detenida en San Pedro, acusada de cometer un fraude millonario mientras trabajaba en el área de gestión bancaria de una empresa privada. La denuncia fue presentada el 21 de enero por la responsable de la firma, luego de detectar movimientos bancarios irregulares durante el cierre contable anual.
La denunciante, una mujer de 42 años, advirtió anomalías que comenzaron a manifestarse pocos meses después de contratar a M.J.P. en 2023. Según consta en la causa, la contadora habría incrementado de forma unilateral su salario mensual, pasando de un millón a cuatro millones de pesos, sin respaldo contractual ni autorización de la empresa.
Además, la investigación judicial reveló el desvío de aproximadamente $112 millones mediante cheques emitidos a nombre de una sociedad anónima que no guardaba relación con la compañía. Las autoridades sospechan que dicha firma fue creada por la propia contadora como estructura paralela para desviar fondos.
Ante el descubrimiento, M.J.P. presentó su renuncia en enero. Desde entonces, su paradero era desconocido hasta el operativo realizado esta semana, como parte de una causa por “defraudación por administración fraudulenta”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar y el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro.
El fiscal Germán Camafreitas impulsó la investigación, que incluyó el análisis de comunicaciones, declaraciones testimoniales y tareas de inteligencia que permitieron localizar a la acusada. Con los elementos reunidos, se solicitaron dos órdenes de allanamiento, ejecutadas el martes por la DDI San Isidro y la SDDI Pilar.
El primer procedimiento se realizó en un domicilio de la calle Independencia, en San Pedro, donde se concretó la aprehensión de M.J.P.. En el lugar fueron incautados cuatro celulares, dos tablets, dos notebooks y dinero en efectivo: $4.100 y 552 dólares.
En simultáneo, otro operativo tuvo lugar en un comercio de la calle Rómulo Naón, también en San Pedro. Allí, se identificó al responsable del local, un distribuidor de bebidas de 55 años, M.A.G.. En ese espacio fueron secuestrados una notebook Lenovo, un teléfono, $451.120 en efectivo y siete cheques electrónicos impresos, que coincidirían con los documentos denunciados.
El fiscal Camafreitas avaló ambas diligencias y ordenó que M.J.P. comparezca a declarar. Si bien quedó en libertad, la investigación sigue abierta y busca determinar si actuó sola o con cómplices.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la información recabada hasta ahora refuerza la hipótesis de que la acusada utilizó su posición estratégica para alterar registros contables y obtener un beneficio económico indebido.
Los dispositivos secuestrados serán clave para determinar el destino del dinero y esclarecer la posible existencia de una red de fraude contable. Los investigadores continúan analizando pruebas para avanzar en la causa.
