El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, propuso este martes a los gremios que representan a las y los trabajadores de la Ley 10430 y al sector docente dos nuevos tramos de aumento salarial: un 6% en mayo y un 4% en julio, calculados sobre los haberes vigentes al mes de marzo.
El acuerdo contempla además la reapertura de las negociaciones paritarias en el mes de agosto, con el objetivo de seguir evaluando la evolución de la situación económica y el poder adquisitivo de los salarios.
Según se informó oficialmente, las y los representantes gremiales de la Ley 10430 aceptaron la propuesta del Ejecutivo provincial, mientras que los sindicatos docentes decidieron ponerla a consideración de sus bases antes de responder formalmente.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esta decisión de sostener los incrementos salariales se da en un complejo contexto fiscal, agravado por el recorte de transferencias no automáticas dispuesto por el Gobierno nacional, y por una caída generalizada en la recaudación provincial como consecuencia de la recesión. Según expresaron, también inciden decisiones unilaterales del Gobierno central que afectan la coparticipación federal y generan incertidumbre financiera para las provincias.
A pesar de ese panorama, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado.
Durante el encuentro estuvieron presentes, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo. En representación de la Dirección General de Cultura y Educación, asistió el subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich. También participaron por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el Instituto de Previsión Social (IPS), la directora general de Administración, Carmen Sarra.
