Las cuotas de la medicina prepaga fueron las que más subieron en 2024, con aumentos que superaron ampliamente la tasa de inflación. Mientras que el costo de vida se incrementó un 127,8% en el año pasado, las prepagas aumentaron sus tarifas en un 124%, lo que provocó un impacto negativo en los presupuestos de los sectores medios y jubilados.
Con el objetivo de frenar esta situación, el Gobierno de Javier Milei estudia un decreto que limitaría los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Esta medida busca evitar ajustes desmesurados, y una de las propuestas clave es que los aumentos no sean generalizados para todos los afiliados, sino que se discrimine por planes. En particular, para los adultos mayores, los aumentos no podrían superar el triple del valor que se cobra a los afiliados más jóvenes.
En enero, las prepagas anunciaron aumentos de entre 3% y 3,9% según el plan, lo que casi duplicó la tasa de inflación, que fue de 2,2% en ese mes. Para justificar estos ajustes, las empresas del sector argumentaron que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios, lo que explicaría la necesidad de estos incrementos.
A pesar de la justificación del sector, las autoridades gubernamentales no están conformes con los aumentos continuos. A mediados de diciembre de 2023, el Gobierno nacional demandó por “cartelización” a varias de las principales empresas de medicina prepaga, acusándolas de fijar precios de manera anticompetitiva. Las compañías imputadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, además de la Unión Argentina de Salud (UAS) y su representante Claudio Belocopitt.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijó un plazo de 90 días hábiles para que se produzca la prueba solicitada, con la posibilidad de una prórroga por otros 90 días hábiles si es necesario. El artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica este tipo de prácticas como “absolutamente restrictivas de la competencia”, lo que significa que están prohibidas por la ley.
Cabe recordar que fue durante el gobierno de Javier Milei que las empresas de medicina prepaga recibieron la vía libre para aumentar sus tarifas, cuando se liberaron los precios de estos servicios privados. Esta decisión resultó en un incremento de las cuotas de manera constante, lo que generó malestar en los usuarios, especialmente entre los jubilados y los sectores medios de la población.
A raíz de este contexto, el Gobierno planea medidas para limitar los aumentos de las prepagas y proteger los derechos de los afiliados, especialmente los de mayor edad y los más vulnerables.
