Operativos realizados por personal especializado de Edenor permitieron detectar múltiples conexiones ilegales en propiedades de barrios cerrados ubicados en la zona norte de su área de concesión.
Las irregularidades encontradas incluyen medidores manipulados o anulados y cables con derivaciones clandestinas, los cuales impidieron que se registraran los consumos reales de las viviendas. Estas instalaciones eléctricas habían sido alteradas para evitar que los medidores reflejaran la cantidad de kilovatios hora (kWh) consumidos.
Producto de estas acciones fraudulentas, Edenor intimó a los clientes involucrados a través de vías administrativas para el pago correspondiente por la energía no registrada, que alcanzó un total de 28.597 kWh, equivalentes a $7.106.792.
El robo de energía constituye un delito de acción pública, con penas que pueden llegar hasta los 6 años de prisión. Además, las conexiones clandestinas representan un grave riesgo, ya que no cumplen con las medidas de seguridad adecuadas, afectando también la calidad del servicio para los demás habitantes del barrio.
