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Proyecto del CAJ de San Fernando busca garantizar la protección a víctimas de violencia de género

Centro de Acceso a la Justicia de San Fernando
El Centro de Acceso a la Justicia de San Fernando busca que el municipio adhiera al Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género. Esta solicitud surge de una necesidad detectada por el CAJ luego de intervenir en casos de violencia de género que se han visto obstaculizados por la falta de protocolos en la política pública municipal. La adhesión permitiría abordar situaciones de alto riesgo de manera integral y brindar acompañamiento institucional a las víctimas.

El Centro de Acceso a la Justicia de San Fernando presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo Municipal que adhiera al Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género.


Esta solicitud surge de una necesidad detectada por el CAJ luego de intervenciones en materia de violencia por razones de género que se han visto obstaculizadas por la inexistencia de dicho protocolo dentro de la política pública municipal.


Los CAJ ofrecen servicios comunitarios integrales a través de equipos  interdisciplinarios de atención psicosocial. orientados al empoderamiento legal, centrados en las personas y dedicados a resolver las dimensiones subjetivas e institucionales de las brechas de justicia. En este marco, las personas asisten al CAJ para conocer sus derechos en materia de violencia de género y protegerse de sus agresores.


La adhesión del municipio a esta resolución provincial permitirá abordar situaciones de alto riesgo de las violencias por razones de género, de manera integral, garantizando la implementación del monitoreo electrónico dual, ordenado judicialmente, en el territorio de la provincia de Buenos Aires monitoreado por el Servicio Penitenciario Bonaerense y brindar acompañamiento institucional de la mujer y LGTBI + en situación de violencia y el seguimiento de los agresores monitoreados en sus procesos de trabajo de la masculinidad.


Dentro de los objetivos que se propone el CAJ se encuentran brindar información y asesoramiento jurídico-asistencial a los ciudadanos, proponiendo soluciones efectivas a las demandas de la población y efectuar atención personalizada en los casos que así corresponda; definir y estandarizar mecanismos de respuesta a las diversas consultas jurídico-sociales ingresadas por los distintos medios y Elaborar los proyectos de convenios de cooperación y asistencia técnica con otros organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones y organizaciones locales.


El CAJ ha podido detectar mediante estadísticas relevadas tomadas del Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ) donde se contabilizan las intervenciones realizadas desde marzo del 2017 hasta la actualidad arrojando resultados de 564 consultas sobre violencia de género de las cuales 72 han sido evaluadas de alto riesgo por existir violencia física y/o sexual; y 88 consultas sobre abuso sexual en el ámbito familiar.


La red de Centros de Acceso a la Justicia está conformada por 102 oficinas en todo el país y es un dispositivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que aborda las problemáticas individuales y colectivas de forma integral, tanto desde los equipos de profesionales propios como también en articulación con otros organismos públicos. 


También dentro de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia funciona la Línea 137 y el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, que tiene mucha expertise en tratar casos de violencia. La Línea 137  es atendida por profesionales de la psicología y el trabajo social, que asesoran, contienen e intervienen en formato de guardias de 24 hs con profesionales disponibles para tal fin.


Uno de los objetivos de la Línea Nacional 137 es intervenir en la elaboración y el funcionamiento de mecanismos para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas de abusos y maltratos, causados por el ejercicio de distintos tipos de violencias y entender en las acciones para dar respuesta a las situaciones de urgencia y emergencia a nivel local y nacional en violencia familiar y sexual; así como violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, incluidos los delitos de grooming o explotación sexual comercial.

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