Paralelamente, mientras dirigentes partidarios de la aprobación admitían la derrota, el presidente Gabriel Boric convocó a referentes de su coalición para mañana, con el objeto de analizar la continuidad del proceso constitucional.
“Estamos impactados, tristes, pero reconocemos naturalmente la derrota; es una voz que habló de manera muy limpia y que hay que escuchar con humildad y agradecimiento”, afirmó la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS, partido oficialista), Flavia Torrealba.
“La Constitución de Pinochet está enterrada, el proceso sigue en marcha; vamos a una segunda etapa de esta conversación”, agregó.
Asimismo, la exconvencional Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, dijo que “Chile va a tener una nueva Constitución; tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayorías”.
Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, también reconoció la derrota del Apruebo y advirtió que “eso no quiere decir que haya sido un rechazo al gobierno ni mucho menos al proceso de nueva Constitución”.
En cambio, el también exconvencional Rodrigo Mayorga fue menos optimista: “Hoy se acaba el proceso constituyente que se inició en 2019; termina sin un texto, porque así lo ha decidido Chile”, escribió en Twitter.
“Cualquier nuevo proceso depende ahora de nuestro Congreso, o al menos de 4/7 de sus miembros, en ellos queda ahora la responsabilidad de este momento histórico”, añadió.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric convocó para mañana, a las 16, a dirigentes de la coalición gobernante, para analizar en el Palacio de La Moneda la forma de dar continuidad al proceso constitucional y reflexionar sobre el resultado del plebiscito, según fuentes oficiales citadas por medios locales.
Mientras tanto, simpatizantes del rechazo festejaban en caravanas de autos, que habían tomado las calles de distintos sectores de la capital y de otras ciudades del país, con banderas chilenas y bocinazos.
“Este es el triunfo no de Chile Vamos, sino del sentido común”, dijo el presidente de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, desde uno de los comandos del rechazo.
“Más que festejo, tengo la tranquilidad de que la ciudadanía se manifestó de forma clara: Chile quiere una nueva Constitución, pero una buena Constitución”, afirmó el senador Matías Walker, partidario del rechazo pese a pertenecer al Partido Demócrata Cristiano, que se alineó detrás de la aprobación.
“Tenemos una nueva oportunidad y no la podemos desaprovechar; esta noche queremos que se llame a la elección de una nueva convención que corrija los errores del pasado, no podemos repetir los errores que nos enfrentaron”, dijo la senadora y expresidenta del Senado Ximena Rincón, también democristiana a favor del rechazo.
Los chilenos fueron hoy a las urnas para decidir en plebiscito si aprobaban o rechazaban el proyecto de Constitución elaborado con el fin de sustituir la carta magna vigente, sancionada durante la última dictadura (1973-90).
Las encuestas vaticinaron una desaprobación mayoritaria.
De todos modos, cualquiera fuera el resultado de hoy, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de aprobarse se habrían debido implementar leyes por parte del actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y en caso de rechazarse, los parlamentarios deberán buscar un nuevo camino constitucional.
La expectativa era enorme no solo por lo trascendente de la decisión sino por el hecho de que, a diferencia de las elecciones generales -a las que suele concurrir alrededor de la mitad del padrón-, esta vez el voto era obligatorio para los alrededor de 15 millones de ciudadanos registrados.
De hecho, el 98,43% de las mesas ya escrutadas reunía poco más de 12,82 millones de sufragios, de los que 97,87% fueron válidos y apenas 2,13% fueron nulos o en blanco.
Por ese motivo, los centros de votación fueron objeto de una concurrencia inusualmente masiva y las calles, escenario de una efervescencia pocas veces vista en jornadas electorales, sin que se alterara el clima de normalidad, excepto por un incidente que, de todos modos, las autoridades no aseguraron que estuviera vinculado con el plebiscito.
Se trató del ataque con explosivos a una torre de electricidad en alta tensión, en la región sureña Biobío, confirmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien aclaró que aún no se había develado el origen del atentado.
“La información preliminar es de la caída de una torre de alta tensión por, al parecer, un artefacto explosivo que termina dañando uno de los cables de soporte; es una torre la que cae pero los cables generan la afectación de otras dos torres contiguas; esperamos tener certezas una vez que llegue la unidad especializada”, dijo el funcionario.
Las calles de Santiago mostraron un gran tránsito vehicular en los alrededores de los centros de votación, ya que a pesar de que el transporte público era gratuito, la gran mayoría se acercaba a votar en sus propios autos.
En uno de los principales y más grandes centros de votación de la capital, el Estadio Monumental, donde hace de local el popular equipo de fútbol de Colo Colo, la llegada de personas era constante y varias autoridades de las mesas le dijeron a Télam que la cantidad de votantes había aumentado considerablemente comparado con anteriores elecciones.
Actualmente, Chile se rige por la Constitución de 1980, sancionada durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que tuvo una importante reforma en 2005, durante el gobierno del presidente constitucional Ricardo Lagos.
Sin embargo, ese texto fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre casi todos los sectores políticos para redactar una nueva carta magna.
La propuesta de nueva Constitución, escrita por 154 convencionales constituyentes elegidos con la participación de los pueblos originarios, buscaba establecer en sus 388 artículos un Estado de bienestar en el país.
Entre los cambios principales, postulaba que Chile pasara de ser una “república democrática” a una “democracia paritaria”, asegurando que las mujeres ocupen al menos 50% de todos los órganos del Estado.
También buscaba definir al país como un Estado plurinacional e intercultural, con el reconocimiento de 11 pueblos, que tendrían sus respectivas autonomías regionales indígenas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas con respeto a la Constitución.
El texto rechazado hoy proponía cambios en el sistema político, tales como la introducción de una reelección para el presidente, la eliminación del Senado y su reemplazo por una “cámara de las regiones” con menos poder que aquel y la facultad de elaborar leyes acotadas a acuerdos regionales, y mayores atribuciones a la Cámara de Diputados.