El respaldo al “Calamar” se dio durante el primer día de una audiencia pública convocada en el Parlamento porteño, la cual contará con siete jornadas y cerca de 1300 expositores en torno al proyecto que contempla los terrenos situados en la intersección de Manuela Pedraza y Crámer, en el límite de los barrios de Saavedra y Núñez.
La iniciativa, presentada por Gustavo Lupetti, secretario de Relaciones Institucionales de Platense, ya recibió un primer aval legislativo, no obstante, requiere de una segunda sanción, dado que se encuadra en las normas de “doble lectura”, y también de una audiencia pública.
En la primera jornada de audiencia, Lupetti explicó que la propuesta “se funda en la identidad del barrio y la pertenencia a una comunidad” que tiene el Club y aclaró que “no es propósito de Platense trasladar allí el estadio, sino que eso está expresamente prohibido en el proyecto para la tranquilidad de los vecinos”.
“Es una ley de reinvindicación histórica porque Platense estuvo ahí desde 1917 hasta 1971 cuando fue desalojado por un gobierno de facto”, dijo el dirigente en declaraciones a Télam en las cuales también afirmó que, de concretarse la segunda sanción de la ley, “será una oportunidad de crecer y de volver a las raíces”.
En sintonía, Martin Giorgielli, uno de los participantes de la audiencia, consideró que “la institución está anclada al barrio, el corazón está puesto allí por más que en un momento se fue” en alusión al traslado de la sede a la provincia de Buenos Aires.
Diego Luppi, hincha calamar, remarcó que “vendría muy bien al barrio” la vuelta del club al predio ya que “hace falta en la zona un lugar donde la gente mayor pueda hacer actividad física”.
“El barrio sabe que ese espacio merece ser de Platense”, dijo otro de los expositores; en tanto que Héctor Condominia, quien actualmente vive a una cuadra del predio en cuestión, sostuvo que “Platense es familia y es el lugar que me formó de chico y que quiero para seguir compartiendo con mis hijos”.
De acuerdo al texto en debate, el Club quedará habilitado a organizar y desarrollar cualquier actividad deportiva “con excepción de toda aquella referida o relacionada con la práctica de fútbol profesional”; en tanto que para realizar cualquier obra que quiera efectuar deberá pedir aprobación a la Legislatura en el marco de un convenio urbanístico.
