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06.12.2019 - 14:56

Laura Alonso y Aranguren fueron procesados por el Juez Federal Luis Rodríguez

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el exministro de Energía y Minería Juan José Aranguren fueron procesados por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga supuestas negociaciones incompatibles del ex funcionario por poseer acciones de la petrolera Shell.
Laura Alonso y Aranguren fueron procesados por el Juez Federal Luis Rodríguez
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Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el magistrado decidió el procesamiento de ambos al entender que había pruebas suficientes respecto a la acusación de negociaciones incompatibles con las funciones públicas contra Aranguren con un embargo de 1,2 millones de pesos y por supuesto encubrimiento y abuso de autoridad por parte de Alonso, a quien le trabó un embargo de 1 millón de pesos.

En la causa se investiga el rol de Aranguren en su paso por el Ministerio de Energía y Minería y si afectó su desempeño el hecho de poseer acciones de la petrolera que supo dirigir, mientras que Alonso es cuestionada por una supuesta falta de control de esa situación.

Días atrás, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción había prestado declaración indagatoria y había rechazado las acusaciones en su contra.

La denuncia se originó en 2016 por una presentación de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.

Según acusaron, Aranguren entre 2003 y 2015 fue presidente de Shell, a la par que sería titular de acciones del Grupo Royal Dutch Shell Plc, por lo que existía una incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses en tanto la referida compañía petrolera participa activamente del mercado energético, cuya regulación y control le competía a él como ministro de Energía.

La sospecha es porque Aranguren ocupando un lugar en la empresa benefició a ésta con el aumento de tarifas dispuesto en 2016; pero también por la importación de gas desde Chile, favoreciendo a su vez a la firma Shell.

Además, la denuncia se centró en torno a que Aranguren convalidó un contrato donde Energía Argentina SA (ENARSA) habría comprado gas a Chile un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llegaría por barcos y un 128 por ciento mayor al abonado a Bolivia.

En su fallo, el juez Rodríguez aclaró, no obstante, que la acusación no es porque Aranguren haya trabajado en la empresa Shell, ni que tuviera acciones de la misma durante su gestión pública y evaluó los hechos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 23 de agosto de 2016, cuando finalmente se excusa de intervenir en los temas vinculados a la empresa shell.

La maniobra consistió, según explicó el juez, en que la distribuidora CAMMESA -la cual tiene participación estatal- compró en tan solo siete meses a la empresa Shell 16 cargamentos de gas oil por un total de 291.891.108,20 de dólares.

"Todo esto tuvo lugar en el marco de la actividad del imputado como Ministro de Energía y Minería y en la calidad que poseía como tal en CAMMESA, según el mentado Decreto N° 231/2015", añadió el juez.

Sobre la coartada de Aranguren en cuanto a que el encargado en el tema era un funcionario de menor categoría dentro del área, el juez replicó: "Pretender sostener que todas estas operaciones se desarrollaban bajo el desconocimiento del encartado, ya que había delegado esta atribución en un dependiente suyo, es como decir que un juez desconoce que va a desarrollar un allanamiento en un organismo público de relevancia, porque ha delegado dicho procedimiento en una división de la policía federal".

En cuanto a Alonso, el juez si bien tuvo en cuenta que el organismo que encabeza llevó adelante una investigación en la cual se determinó que el ex funcionario no cometió infracción, para arribar a dicha conclusión "realizó pedidos a la empresa en la cual Aranguren fue más de diez años presidente (Shell), a la sociedad en la cual el nombrado delegó la presidencia para encubrir una grosera incompatibilidad (CAMMESA) y al propio investigado".

"De allí que el trámite del expediente resulta superfluo, parcial y completamente desarrollado a la medida del entonces ministro, respecto del cual pesaba una seria sospecha de irregularidad funcional", analizó el juez.

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