La queja fue realizada mediante la Acordada 48 de la Cámara, en la que el tribunal electoral también advirtió sobre una serie de “circunstancias que tornan compleja la situación del fuero” a la hora de cumplir con el control del proceso electoral.
Entre ellas, mencionaron la escasez de recursos y la falta de auditores contables para cumplir con la ley de financiamiento de los partidos.
Corcuera y Dalla Vía resaltaron “el gravamen ocasionado por la demora en las designaciones para cubrir de modo definitivo los cargos vacantes de magistrados federales con competencia electoral”.
