Los operativos fueron realizados por efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado que depende de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
Los procedimientos se desarrollaron en viviendas particulares, cuatro de ellas en la localidad de Arturo Seguí, y el resto en La Plata.
De acuerdo a la investigación, uno de los imputados – empleado de la Dirección de Educación- era el organizador de esta asociación delictiva para concretar la defraudación.
"Ingresaba periódicamente con su clave personal al sistema informático, por el cual, varias personas cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua, por servicios laborales no prestados en los años 2017 y 2018", sostuvo uno de los investigadores, quien advirtió que "la defraudación al erario público sería por una suma aproximada de 3.467.350 pesos".
De acuerdo a la causa judicial, estas personas revistaban como activas en el sistema informático cuando no prestaban servicios y cobraban a través del sistema de ticketera del Banco Provincia, mecanismo que no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro y sólo basta con el DNI para la extracción del dinero.
La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de la nómina que mensualmente envía la Dirección de Educación al Banco Provincia y estaba a cargo del organizador de la banda.
Las personas a cuyo nombre se cargaban los servicios laborales concurrían a distintas sucursales y cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, cargados por el propio organizador de la asociación ilícita.
"La modalidad de esta banda era acompañar a la persona que cobraba en ventanilla, le daban un pequeño porcentaje y se quedaban con la mayoría del dinero", indicó otro de los jefes que intervino en la pesquisa.
De los cinco apresados en esta causa dos de ellos son de nacionalidad paraguaya.
En los allanamientos la policía secuestró 130 mil pesos, 2.500 dólares, teléfonos celulares, dispositivos informativos como tablet, PC, notebook, pendrive, documentación de cobro de haberes, constancias de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y débito, registro de operaciones bancarias y llaves de cajas de seguridad entre otros elementos utilizados para la perpetración del ilícito investigado.
La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por representantes de la Dirección Provincial de Legal y Técnica y de la Dirección de Coordinación de Actuaciones judiciales de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
La causa está caratulada como "Asociación Ilícita en concurso real con fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con tentativa de fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública".
Intervienen en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 16, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, y el Juzgado de Garantías número 5, de Marcela Garmendia, ambos del Departamento Judicial de La Plata.
