La ley votada en abril de 2015 beneficia a estas 15 familias que hace más de 30 años viven en estos terrenos en juicio. Durante estos tres años la gobernadora Vidal se negó a ejecutar la ley provincial 14711, lo que pone en riesgo de desalojo a las familias.
“Este pedido a la gobernadora, incluso de sus propios concejales, y de todo el cuerpo deliberante les permite a las familias fortalecer la esperanza de que se les reconozca el derecho legítimo a seguir viviendo en la tierra donde nacieron sus hijos”, expresó Ugo luego de la votación.
En el decreto aprobado por las y los concejales de Tigre también se solicita a la legislatura y al ejecutivo provincial que definan una partida presupuestaria en el 2019 para cumplir con la ley de expropiación.
El próximo 22 de agosto habrá una mediación en La Plata y está expresión del Concejo Deliberante fortalece la posición de las familias que esperan que la jueza que actúa en la causa tenga en cuenta esta situación.
