El informe indica que la apertura irrestricta del mercado de cambios al comienzo de la gestión Cambiemos expuso a la economía nacional a un “panorama externo incierto e inestable”.
En un escenario en que no se cuenta con la capacidad de generar las divisas necesarias para compensar la demanda de dólares, la apertura requería “un abrupto ajuste en el gasto externo que el Gobierno intentó evitar iniciando un acelerado proceso de endeudamiento”.
Así, el crecimiento en los pasivos públicos dio paso a una creciente incidencia de los intereses de deuda por sobre la mayoría de las partidas del gasto público.
En estos últimos tres años, su participación se llegó a duplicar, al pasar del 8 al 16 por ciento del Presupuesto total, colocándose en segundo lugar luego del principal componente, la seguridad social.
Los recursos destinados a la seguridad social pasaron del 43 al 50 por ciento del Presupuesto nacional desde que Mauricio Macri inició su mandato, por mayores necesidades de financiamiento a sectores sociales que vieron sus ingresos deteriorados.
Si bien en parte se debió a los efectos de la Ley de Movilidad jubilatoria heredada del gobierno anterior, los cambios más relevantes se produjeron con la incorporación del pago de juicios previsionales mediante lo que el gobierno denominó “Reparación Histórica”.
El ajuste en las tarifas a los servicios públicos (principalmente energía, gas y transporte) implicó un notable incremento en el precio final que pagan los consumidores de la mano de una fuerte reducción de subsidios.
De este modo, la participación del gasto en energía eléctrica y gas pasó de explicar el 13 por ciento del Presupuesto público durante el primer semestre de 2015 a solo el 4 por ciento para el primero de 2018.
