Además, el denunciante refirió que de acuerdo a informes periodísticos se cometió adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana para la habilitación de sucursales Farmacity en provincia de Buenos Aires; influir ante la Corte Suprema de Justicia para evitar problemas judiciales; sumado a una violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y paralelamente aquella empresa sí podía vender productos que son típicos de este último rubro.
Ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba como ser el pedido a la Oficina Anticorrupción que informe sobre declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 a la fecha; si en el organismo hay actuaciones que lo tengan en la mira a él o bien a la empresa Farmacity.
Por otra parte, pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe sobre composición accionaria de las empresas Farmacity, Partner S.A y Pegasus SA; y al Ministerio de Modernización saber si esas empresas son proveedores del Estado, particularmente de la obra social PAMI.
También reclamó que el PAMI informe sobre toda la normativa vinculada a la contratación de los proveedores de Farmacia, y entregar en caso de haberlo el expediente de Farmacity.
Además, pidió que la jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires informe los detalles sobre cómo fue la autorización para que la empresa Farmacity comience a operar en el territorio bonaerense.
