Tres días después, en la Bolsa de Comercio, cuando ya habían trascendido los detalles de los proyectos y pese a las quejas, Macri se mostró esperanzado en conseguir, rápidamente, “acuerdos básicos”.
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al realizar su informe de gestión en el Congreso, destacó el “excelente espíritu de diálogo y consenso” para conseguir la aprobación de la reforma tributaria.
Sin embargo, la batalla que tendrá que dar en todos los frentes la administración macrista no parece para nada fácil y por eso el respaldo político será clave para lograr la aprobación de ambas iniciativas en el Congreso.
En el medio también está la reforma previsional y el cambio de fórmula para aumentar las jubilaciones, que de prosperar significará un ahorro para el Estado pero un claro perjuicio para los beneficiarios.
En el caso de la reforma impositiva, quienes primero se quejaron fueron los productores vitivinícolas y de bebidas azucaradas, cañeros, por la suba de impuestos internos y también se quejaron gobernadores de San Juan, Mendoza, Tucumán y Tierra del Fuego.
El próximo jueves, Macri recibirá a los gobernadores en Olivos y allí intentará avanzar en las negociaciones con los mandatarios para que aprueben el paquete tributario y además recorten ingresos brutos y a los sellos.
El proyecto laboral es, sin dudas, más amplio y más duro de lo que se esperaba: flexibiliza horarios de trabajo, reduce indemnizaciones, limita juicios, de similares características al implementado meses atrás en Brasil.
En su primer encuentro cara a cara con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el triunvirato de la CGT le dijo que así como está redactado, no será apoyado.
“Algunas cosas son inclaudicables, cambiar la filosofía tutorial de la ley laboral es impensable, lo que está en juego son los derechos de los trabajadores”, alertó Héctor Daer, integrante del triunvirato, al salir de un encuentro con el jefe de la cartera laboral.
Sin embargo y más allá de la aparente dureza, los miembros de la CGT acordaron integrar con funcionarios una mesa de diálogo que empezará a analizar los 144 artículos de la reforma, que abarca también un amplio blanqueo del trabajo en negro.
De esos encuentros y de la actitud que adopte la central obrera dependerá el futuro del proyecto, que entre los puntos más cuestionados se encuentra el de la creación de un “Fondo de cese laboral” que permitirá financiar el pago de preaviso y despido sin causa, sustituyendo las obligaciones previstas al empleador.'.
Para la oposición, los cambios estructurales se parecen mucho a las reformas impulsadas en los 90 y para el Gobierno resultan necesarias para hacer más competitiva a la Argentina, que no pierda el tren del modernismo y se sume al nuevo orden económico motorizado desde los centros de poder mundial.
Dentro de la dirigencia macrista aprendieron rápido a hacer planteos de máxima para después resignar algunas cuestiones que de antemano se saben perdidas.
.
Razones de un apresurado ajuste:
Se puede decir que con estos proyectos, Macri puso en marcha el verdadero plan de gobierno tendiente a frenar el creciente déficit fiscal, al que considera como el generador de casi todos los males.
Dentro del oficialismo admiten que hay poco margen para impulsar cambios estructurales dentro de la economía, pero también saben que se acaban los tiempos para achicar el rojo de las cuentas fiscales.
Así, aceleradamente, la Argentina entró en un círculo vicioso de insondables resultados: para cubrir el rojo de las cuentas públicas se endeuda a tasas superiores a la de cualquier país, y ese endeudamiento aumenta el volumen de intereses que tiene que pagar.
Este año, el resultado primario sumado al pago de intereses -que se disparó en el último año y medio- superará los 600 mil millones de millones de pesos, equivalente a 6% del PBI y la idea oficial es reducirlo en un punto por año. .
Para recortar ese número es imposible subir impuestos, porque la Argentina tiene una presión tributaria de las más elevadas del mundo y a ese panorama se le suma el atraso cambiario.
Más de la mitad de las erogaciones del Estado se destinan a jubilaciones y gasto social, dos rubros en los que prácticamente es imposible hacer recortes.
Por ahora, el gobierno optó por tomar deuda, un camino que si se extiende por largo tiempo tiene siempre un final explosivo.
