La normativa anterior fijaba las penas económicas en un rango de 200 a 1.000 pesos y contemplaba de uno a cinco días de arresto.
El proyecto fue impulsado por la diputada Cecilia De la Torre, quien falleció a fines de 2016, y fue tomado por su sucesor en la banca, el legislador Clodomiro Risau, y está motivado en el "notable incremento" de situaciones de violencia contra docentes y contra personal y trabajadores de la salud en los hospitales.
"En los últimos tiempos, padres o personas relacionadas con los alumnos agreden o protagonizan hechos de violencia en perjuicio de trabajadores docentes y no docentes, por cuestiones derivadas la función docente o de la convivencia en el ámbito escolar, afectando seriamente la seguridad personal de los trabajadores y perturbando la misión educativa y formativa que debe cumplirse en ese ámbito”, según fundamentos de la iniciativa.
El proyecto señalaba que "similar situación se ha venido reproduciendo en el ámbito de la salud, donde los profesionales, auxiliares y personal que cumple allí toda clase de tareas, vienen sufriendo agresiones por parte de pacientes o personas que los acompañan, generando un clima de temor e intranquilidad que perturba el normal desenvolvimiento de los centros de salud”.
Puntualmente, el expediente estipula los agravantes que se tienen en cuenta al momento de fijar una sanción por tomar parte “en una agresión en lugar público o de acceso público”.
En ese sentido, la propuesta indica la pena será duplicada “cuando la víctima es trabajador de la educación, sea docente o no, o trabajador de la salud, sea profesional o no, y el hecho tiene lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, o fuera de él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo”.
