"Arrancan la campaña sacándole la pensión a las personas con discapacidad. Les falta corazón, sensibilidad por el otro. El presidente se muestra preocupado en videos en redes sociales, pero poco le preocupa la calidad de vida de 70 mil familias, al momento de cortar más pensiones", señaló al respecto el diputado nacional Sergio Massa.
Por su parte, Malena Galmarini, referente en políticas sociales de "1País", sostuvo: "Me duele por las más de 70 mil familias que dependen de ese pequeño beneficio del Estado para tener una mejor calidad de vida. Es rodiculo. Le van a tocar timbre a los vecinos para decirles que los están dejando en la calle. Duele mucho lo que está pasando en la Argentina. Ya no es un 'error', es una decisión política, no les interesan las personas con discapacidad, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pobres. Es un gobierno para ricos que quieren ser más ricos".
Mientras que el candidato a diputado nacional y exviceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, manifestó: "El Gobierno comete adrede un error muy grave. No pueden cortar de esta forma el beneficio, porque está cortando una mejora en la calidad de vida de miles de personas que dependen de ese aporte. Es de una insensibilidad muy preocupante. Demuestran una clara intención de no incluir socialmente a las personas con discapacidad".
El frente "1País”, representado por el diputado nacional Sergio Massa, el exviceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la referente en políticas sociales Malena Galmarini y el Dr. Claudio Espósito, había presentado su apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, al amparo colectivo contra la quita de los subsidios. En esa oportunidad, la UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social) había dictaminado que correspondía una medida cautelar que finalmente otorgó la jueza federal Piñeiro.
Al respecto, el Dr. Claudio Espósito, referente en políticas para Personas con Discapacidad del frente "1País" indicó: "Esperemos que la Justicia rechace la apelación del Gobierno, porque lo que está en juego es la calida de vida de esas 70 mil familias que dependen del beneficio, sea para tratamientos, compra de medicamentos o alimentos".
En su fallo (38976/2017), del pasado 7 de julio, la jueza federal de Seguridad Social Viviana Patricia Piñeiro resolvió: "Hacer lugar a la medida de no innovar solicitada e intimar al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión, que residan dentro del límite territorial de la jurisdicción antes precisada, así como el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida aquí dispuesta (art. 2, último párrafo de la Ley Nacional 26.854)".
