Desde la madrugada de hoy, la amenaza de un desalojo se hizo inminente frente al gran despliegue policial que rodeó las diferentes cuadras que abarca el predio de Posadas al 1200 donde se apostaron personal de la Policía Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura con carros hidrantes y escudos.
Larramendi explicó a Télam que el desalojo -que se produjo alrededor de las 8 de la mañana- se decidió “por el riesgo ambiental que implicaba la existencia de tanques de combustible, de aceite, los alimentos que requerían tener un seguimiento, todas cuestiones de seguridad que se dejaron de seguir desde que se produjo la toma”.
Consultado acerca de cuándo se inició el riesgo ambiental, el fiscal explicó que fue “desde que se produjo la toma el 26 de junio” porque “el personal especializado junto con la agencia privada de seguridad fueron echados por los trabajadores”.
El fiscal también manifestó que pese a que en su fiscalía no se ocupan del reclamo laboral, “tenemos entendido que el 85 por ciento de los trabajadores arreglaron con la empresa” su indemnización, y calificó a la situación de “una usurpación ilegal”.
Según el fiscal, “en un principio la empresa no quería el desalojo pero también hubo denuncias de los propios vecinos contra la empresa por el riesgo de contaminación, y en el 2004 hubo una causa de incendio que se elevó a juicio”.
